Rechazan gestión social

Sólo México y Filipinas se negaron a que los organismos sociales evalúen sus políticas económicas

Carmen Alvarez

MEXICO CITY- 2 de noviembre de 1998 - Los Gobiernos de México y Filipinas rechazaron la invitación para participar en un proyecto internacional que en coordinación con el Banco Mundial (BM), permitirá que las organizaciones civiles evalúen las políticas económicas de últimos años, relató ayer Steve Hellinger, presidente de The Development GAP con sede en Washington.

"Es un proyecto que inició hace varios años con el presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, quien aceptó el reto de ver los efectos de las políticas de ajuste que han sido promovidas por el propio BM y el Fondo Monetario Internacional en unos 90 países del mundo", relató.

La idea del proyecto, dijo, se llama Saprin o Structural Adjustment Participatory Reveiw International Network. Es financiado por varios Gobiernos de Europa como el de Holanda, y contempla la representación de todos los sectores de la sociedad civil, un foro final y un foro en ocho distintos países.

"Los Gobiernos invitados aceptaron participar con excepción de Filipinas y México. Pero como en Filipinas hay un nuevo Gobierno que ya dialoga con la sociedad civil, es posible que México sea el único país donde el Gobierno no participe", dijo.

Esto refleja, enfatizó, que el Gobierno mexicano se niega a permitir una evaluación democrática y participativa del efecto de sus políticas económicas.

Hellinger agregó que The Development GAP coordina los esfuerzos de Saprin a nivel global y que ya cuenta con más de mil 200 organizaciones que se han ido creando desde 1997 para organizar el diálogo público, a nivel global y nacional, para medir los impactos de las políticas de ajuste junto con CASA o Citizens Assessment of Structural Adjustment, una entidad paralela.

"Esto se da porque el fracaso tan miserable de las políticas económicas empieza a aflojar el control que los inversionistas de los países del norte, sus Gobiernos y los Ministros de Finanzas -con apoyo del FMI y del BM- han tenido sobre las políticas económicas en los últimos 20 años", dijo horas después que la Internacional Socialista urgió la creación de un Consejo de Seguridad Económica al interior de Naciones Unidas.

En este último punto, Hellinger pronosticó que la propuesta de la Internacional Socialista reavivará aún más el debate, sin que ello signifique que sea aprobada por un Consejo de Seguridad dominado por el Grupo de los Siete países más industrializados.

"Lo que se empieza a ver ahora es una mayor agresividad de la ONU y sus grupos afines para entrar al campo de la política económica, a fin de que ésta ya no quede sólo en manos del FMI, de los bancos, de otras instituciones financieras internacionales y de los ministerios de finanzas de cada país", dijo.

A unas horas de la plática con Hellinger, el Movimiento de Trabajadores Argentinos exigió por primera vez en la historia del sindicalismo argentino, un plan económico alternativo, para frenar privatizaciones incapaces de impedir el alza de la deuda en 40 mil millones de dólares, y las reformas estructurales que no aliviaron el desempleo de 13.5 por ciento en la economía formal.


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