Vol. 1, No.3 otoño de 1996
Vol. 1, No.3 otoño de 1996
Nuevo Tratado Comercial Firmado
Minería y regulación ambiental en Canadá
Movimiento ciudadano contra el neoliberalismo
Starbucks promete pero todavía no cumple
El Mercosur da la espalda a los consumidores
TLCAN o Mercosur: ¿Qué diferencia hay?
La confrontación marca los conflictos ambientales
Comentario: Tratados comerciales desplazan a organismos internacionales
La liberalización comercial y el sistema de salud canadiense
Implicaciones del ALCA para los subsidios y la seguridad alimentaria
por Andrés Peñaloza Méndez, RMALC (México)
En 1982 existían en México 1,155 empresas públicas; en julio de 1996 quedaban sólo 195.
El proceso de privatización, uno de los ejes de la política neoliberal vigente, lejos de alentar el crecimiento sólo ha generado una precaria dinámica económica, a costa del deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Dicho proceso ha fortalecido estructuras monopólicas, propiciando una desmedida concentración de la riqueza en manos de unos pocos empresarios, y ha dado origen a prácticas de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias por parte de funcionarios públicos.
Los recursos obtenidos por la venta de activos nacionales han servido principalmente para pagar el servicio de la deuda pública. El Fondo de Contingencia, creado en 1990 para canalizar los fondos derivados de la venta de empresas estatales, se destinó a amortizar débitos internos. Sin embargo, a pesar de que se realizaron, con esos fondos, pagos equivalentes al 43 por ciento de la deuda neta interna existente en 1991, ésta no sólo no disminuyó, sino que para 1994 era mayor en 10 por ciento. La situación resulta aún más absurda si se considera que muchas de las empresas desincorporadas eran rentables y generaban ingresos a las arcas nacionales al momento de su venta. Teléfonos de México, por ejemplo, generó en 4 años utilidades equivalentes al precio en que fue vendida a particulares. Los dueños de los tres mayores bancos -- Banamex, Bancomer y Serfin -- por su parte, recuperaron los capitales que invirtieron en su adquisición en la mitad del tiempo previsto, es decir en sólo dos años.
A raíz de la crisis económica de diciembre de 1994, el gobierno mexicano decidió firmar una nueva carta de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A cambio de un paquete de ayuda financiera de emergencia del propio Fondo y el Tesoro de Estados Unidos, las autoridades se comprometieron a profundizar el proceso de "cambio estructural", acelerando las medidas de desregulación y emprendiendo una nueva fase de privatizaciones. Como resultado, se ha abierto y/o ampliado la participación privada, nacional y extranjera, en actividades estratégicas como la distribución de gas natural, la generación de energía eléctrica, diversas ramas de telecomunicaciones, entre otros.
La Carta de Intención establece además que los recursos generados por las nuevas privatizaciones serán utilizados para sufragar el costo fiscal de los programas de apoyo al sistema bancario y para el saneamiento financiero de la red de autopistas concesionadas a particulares. Es decir, se privatiza para subsidiar las ineficiencias de los beneficiarios de privatizaciones anteriores.
Sin embargo, los planes del gobierno a impulsar una nueva ronda de privatizaciones han encontrado una barricada inesperada -- un público vigilante. Enojado sobre las abundantes evidencias de corrupción e ineficiencia, en la privatización de las empresas estatales durante el gobierno de Salinas, una amplia gama de la sociedad civil se ha opuesto activamente a los planes privatizadores del gobierno de Zedillo.
Esa industria es de suma importancia estratégica para la economía mexicana. La infraestructura de este sector consta actualmente de 61 plantas distribuidas en 10 complejos, 14 terminales de almacenamiento, una terminal marítima y un centro de embarque. Se pretende entregar a particulares, nacionales y extranjeros, la exclusividad para explotar 26 productos que se elaboran en esas instalaciones, y de cuyo abastecimiento dependen 45 ramas de la industria manufacturera del país.
El argumento gubernamental es que la empresa pública Petróleos Mexicanos
(Pemex) no cuenta con los recursos necesarios para garantizar el mantenimiento,
la protección ambiental y la modernización de las plantas petroquímicas. El
hecho es que la utilidad consolidada de Pemex en
1994
ascendió a 11 mil 126 millones de dólares, de los cuales el gobierno absorbió,
vía impuestos y derechos, el 90 por ciento. Aún así las utilidades netas de esa
empresa son superiores a las de transnacionales petroleras como Mobil, Texaco o
Dow Chemical.
La soberanía sobre los recursos petroleros mexicanos tiene tal significado político e histórico que se refleja en un trato especial en la constitución mexicana. El artículo 27 de la Constitución mexicana establece que "corresponde a la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todos los carburos de hidrógeno", y que para su aprovechamiento "no se otorgarán concesiones ni contratos" a los particulares. El "dominio directo" representa un estatuto jurídico especial que impide al Estado deshacerse, bajo ninguna circunstancia, de los yacimientos de hidrocarburos y/o de las instalaciones industriales que sirven para su explotación o transformación industrial. El término "inalienable" implica que el dominio directo no puede ser enajenable, es decir, no puede ser transferido a otros bajo ninguna forma (venta, renta u otra). "Imprescrip-tible" significa que dicho dominio es a perpetuidad, es decir, no tiene una fecha de vencimiento.
Atendiendo a esos preceptos constitucionales, al significado histórico que tiene para los mexicanos el control nacional sobre el petróleo, y a su importancia estratégica para el conjunto de la actividad económica, la decisión de privatizar la petroquímica ha encontrado una fuerte, e inusualmente amplia, oposición. Además de los sectores que han cuestionado desde un principio la política de privatizaciones, se han sumado ahora el propio sindicato de trabajadores petroleros, parte de la estructura corporativa de control del movimiento obrero, y el mismo partido oficial, el PRI (Partido Revolucionario Institucional). En su Asamblea Nacional en septiembre el PRI aprobó, en medio de una encendida polémica, un pronunciamiento en contra de la desincorporación de las plantas petroquímicas, dirigiendo a sus miembros en el congreso votar en contra de la propuesta gubernamental de privatizar las plantas petroquímicas.
Como resultado, el pasado 13 de octubre, el Secretario de Energía, Jesús Reyes Heroles, presentó un documento titulado "Nueva Estrategia para la Industria Petroquímica" al Gabinete Económico y al público en general. El texto es importante porque representa la primera vez que un proyecto de privatización es reformulado en respuesta a la presión social, y porque significa una poco usual admisión de un error por parte del gobierno, que debió aceptar que en la convocatoria para la desincorporación de la planta de Cosoleacaque, en el estado de Veracruz (la primera en la lista de instalaciones a vender) cometió numerosos y serios errores jurídicos.
A los pocos días el presidente Zedillo envió al Congreso una iniciativa basada en el documento de Reyes Heroles, cuyos aspectos esenciales son la definición de una lista de productos petroquímicos básicos en la que se incluyen: etano; propano; butano; pentanos; hexano; heptano; materia prima para "negro de humo"; naftas; y metano; y el establecimiento de un máximo de 49 por ciento de participación privada (nacional o extranjera) en la posesión de las plantas dedicadas a la producción de los mismos.
Versiones siguientes de la iniciativa incluyeron, sin embargo, estipulaciones permitiendo 100 por ciento de participación privada en la construcción y/o operación de nuevas instalaciones de la petroquímica secundaria. Además la iniciativa incurre en la incongruencia de clasificar como petroquímicos básicos, lo que en realidad son hidrocarburos naturales o subproductos de la refinación del petróleo crudo, mismos que de acuerdo al propio Artículo 27 de la Constitución, están reservados a la nación.
A pesar de una oposición pública masiva a esas propuestas, los inversionistas extranjeros las ven como un señal de una falta de compromiso parte del gobierno a la privatización. Esta incertidumbre desató una gran presión sobre el peso mexicano y la bolsa de valores.
El 31 de octubre el Congreso mexicano llevó a la votación la propuesta de privatización modificada, con los congresistas del PRI votando en favor, y los miembros de los principales partidos de oposición, el PAN y el PRD, votando en contra de la propuesta. Sin embargo, en visto de la protesta pública, es poco probable que este voto solucione el asunto. Sea cual sea el resultado final de esta historia, queda claro que el gobierno ha visto reducido su margen de maniobra en materia de privatizaciones, y a la vez, la expansión considerable del debate público sobre las políticas neoliberales.
NUEVO TRATADO COMERCIAL FIRMADO
El 18 de noviembre el Presidente chileno Eduardo Frei Tagle y el Primer Ministro canadiense Jean Chretien se reunieron en Ottawa y firmaron un tratado bilateral de libre comercio. Las pláticas sobre el tratado se habían estancado varios meses debido a que Chile no aceptaba ceder a Canadá el mismo nivel de acceso a su mercado de trigo que actualmente le concede a los países del Mercosur, así como al rechazo chileno a eliminar las últimas restricciones que quedan sobre la inversión extranjera.
La Ley chilena prohíbe a los inversionistas extranjeros repatriar sus ganancias durante un año y exige que depositen en el Banco Central un tercio del valor de nuevas inversiones. Se cree que estas medidas sirvieron para impedir que el "efecto tequila" se haya manifestado en Chile cuando, después de la crisis del peso mexicano en diciembre de 1994, inversionistas nerviosos retiraron sus fondos de las bolsas de valores de los países latinoamericanos. Las pláticas con Canadá sobre comercio avanzaron finalmente, al aceptar el gobierno canadiense que Chile mantenga esas restricciones. Por su parte, Canadá logró tener acceso estacional al mercado chileno para el trigo.
Con esa notable excepción, el inminente tratado Chile-Canadá seguirá fielmente el modelo del TLCAN. Además Chile firmó dos acuerdos con Canadá diseñados según el Tratado de Cooperación Laboral de América del Norte y el Tratado de Cooperación Ambiental de América del Norte (NAAEC), los llamados acuerdos paralelos al TLCAN.
Activistas de Canadá y Chile, aunque reconocen la importancia de incluir temas laborales y ambientales en las pláticas sobre comercio, expresaron su consternación sobre los resultados de las negociaciones. Ambos acuerdos paralelos solamente requieren que las partes hagan cumplir las leyes locales, a pesar de las significativas deficiencias de la leyes laboral y ambiental chilenas. Bajo la ley laboral chilena, por ejemplo, está prohibido que los trabajadores agrícolas se declaren en huelga en tiempos de cosecha. Además, el NAAEC específicamente excluye los temas relacionados con los recursos naturales, cuando 89 por ciento de la exportaciones chilenas están basadas en la extracción o procesamiento básico de tales materias primas como el cobre, la madera y la harina de pescado.
Después de su visita a Canadá para firmar el tratado bilateral, el Presidente Frei salió a Manila para asistir a la reunión de Cooperación Económica de Asia y el Pacifico (APEC), indicando su intención de expandir la relaciones comerciales de Chile. También estuvieron en Filipinas grupos de la sociedad civil de Asia y de América en donde realizaron pláticas paralelas y trataron los temas claves discutidos por los gobiernos participantes.
Minería y regulacíon ambiental en Canadá
por Alan Young, Consejo Ambiental de Minería de Columbia Británica
En este año se ha visto un gran incremento del interés ecológico en torno temas ambientales relacionados a la minería. Desde los Territorios del Noroeste a Newfoundland, desde la Colombia Británica a Ontario, la industria minera y los gobiernos provinciales se han topado con resistencia y preocupación por parte de organizaciones tanto ambientalistas como indígenas.
Esta resistencia es una reacción a la fuerza política y la impunidad de la industria, demostrado a través de varios hechos:
eliminación de regulaciones ecológicas en Ontario;
intervención desde las altas esferas políticas en cuanto a la evaluación de impacto ambiental en la revisión de la Mina Huckleberry, ubicada en la Columbia Británica;
el abuso de procedimientos parlamentarios para elaborar recomendaciones tendenciosas que fueron incorporadas al reporte del Comité Permanente para Eficientar la Regulación Ecológica de la Minería;
el proceso defectuoso de evaluación ecológica y la subsiguiente aprobación de la mina de diamantes BHP en los Territorios del Noroeste; y
la amenaza a intereses indígenas y ecológicos por el apresurado asentamiento de derechos mineros en la Bahía de Voisey.
Mientras tanto, las empresas canadienses ultramarinas se encuentran en la línea de fuego debido a prácticas ambientales por abajo de los estándares, de las cuales han resultado graves accidentes y controversias en Guyana, Filipinas, EU, Chile, y Papua Nueva Guinea (para mencionar solamente algunos países). Frente a la creciente evidencia de lo contrario, la industria afirma que "exporta" las normas canadienses a todas las partes del mundo en que opera. Por otro lado, la industria minera está gastando cuantiosos fondos en relaciones públicas y cabildeo para convencer a los gobiernos de que las normas canadienses reducen su competitividad en el extranjero.
Varias iniciativas de minería han surgido del gobierno federal en lo que va del 1996. Destacan dos de éstas como iniciativas que sin duda darán forma definitiva a la regulación y política federales para la minería en el futuro.
A fines de junio, el gobierno federal dio a conocer una serie de recomendaciones para el reporte interino del Comité Permanente sobre Recursos Naturales, a pesar de que este reporte se puso sobre la mesa sin que hubiera opinado ninguna organización civil o ecologista. El único testimonio proveniente de una fuente no gubernamental fue el de la Asociación Minera de Canadá. El énfasis sobre "eficiencia regulativa", el voluntarismo y un aumentado papel para el NRCan (Recursos Naturales de Canadá) en facilitar aportes federales al proceso de evaluación ambiental de las minas principales, son motivos de consternación. Si bien las metas de rendimiento ecológico están reforzadas en el documento, la cuestión de una reducida capacidad pública de monitoreoe implementación no se aborda.
La seguna initiativa gubernamental significativa es la Política Federal de Minería y Metales del NRCan, esperada durante mucho tiempo, por fin se emitió este verano. En los primeros borradores de la política, se ha hecho eco en muchos aspectos al rumbo apuntado en el Reporte Interino del Comité Permanente. Los primeros borradores han sido al mismo tiempo vagos y de alcance profundo. La política se ha sido objeto de críticas desde distintas ONGs ecologistas por su trato desequilibrado y poco claro respecto a medidas voluntarias, nuevos procesos para evaluar riesgos, los principios de reforma regulativa que afectarán áreas vitales tales como Asuntos Ecológicos y pesca, y la falta de una respuesta sustantiva a demandas indígenas y de uso de tierras.
Las organizaciones ambientalistas cabildearon con políticos e instancias gubernamentales, y enviaron una carta conjunta firmada por 20 de los principales grupos a lo largo y lo ancho del país en la cual se llama a cambios importantes que reflejen cuestiones de interés público y riesgo ambiental. Tales esfuerzos han tenido éxito en detener la política de la aprobación por la vía rápidad anunciada para septiembre y en movilizar una respuesta crítica tanto dentro como fuera del gobierno.
Sin embargo, todavía queda bastante trabajo para los grupos civiles. La industria minera ha emprendido otra fase de su campaña de relaciones públicas --llamada "Mantengamos la Minería en Canadá" ("Keep Mining in Canada")--, y seguirá enfocándose en sus esfuerzos de cabildeo por menores gravámenes sobre la industria, la autorregulación y limitaciones sobre las responsibilidades corporativas.
Para mayores informes sobre asuntos de minería, comuníquense con Alan Young (codirector del Comité sobre Minería de la Red Candiense Ambiental, o CEN), Environmental Mining Council of BC, teléfono 604-384-2686, fax: 604-394-2629, e-mail emcbc@islandnet.com, o con Brennain Lloyd (codirector del Comité sobre Minería del CEN), a/c Northwatch en brennain@web.apc.org.
Movimiento ciudadano contra el neoliberalismo
por Alberto Arroyo Picard, RMALC (México)
El pasado 8 de septiembre se llevó a cabo en México la Primera Jornada Nacional de Condena a la Política Económica del Gobierno, una consulta ciudadana para evaluar los daños sociales generados por la aplicación de los dogmas neoliberales. La Jornada representó un nuevo e importante paso en el largo camino transitado por la sociedad civil mexicana para modificar el rumbo económico del país.
México ha vivido en los últimos 15 años importantes y profundas transformaciones. Este lapso ha estado marcado por la adopción de un modelo de desarrollo que ha significado la renuncia del Estado a cumplir la aspiración histórica del pueblo mexicano a lograr una plena soberanía nacional y una efectiva justicia social. Pero también por un salto cuantitativo y cualitativo de los movimientos sociales, que han logrado significativos avances en cuanto a su presencia política y su capacidad propositiva.
Ante la crisis económica que estalla en diciembre de 1994, el gobierno de Ernesto Zedillo deja de poner el acento en las bondades y éxitos del neoliberalismo, como durante la gestión de Carlos Salinas de Gortari, y afirma que no hay otro camino. Insiste que la emergencia hay que enfrentarla con la misma estrategia seguida durante los últimos años.
El 26 de febrero de 1995 Alianza Cívica realiza una consulta en la que, entre otras cuestiones, se pregunta a la población "¿El Congreso debe rechazar el paquete de créditos promovido por el gobierno de Estados Unidos por los riesgos que tiene para la soberanía y el desarrollo productivo del país?". 536,575 ciudadanos (el 81% del total de participantes) respondió que debía rechazarse dicha "ayuda" financiera; sólo el 13% respondió que debía aceptarse.
El Referéndum de la Libertad.
La RMALC convocó, en enero de 1995, a un equipo de economistas para darle forma y sistematizar en un plan económico coherente, integral y viable, mucho de las propuestas que se habían ido elaborando en los últimos años. Se pretendía no sólo que un grupo de intelectuales elaborase alternativas, sino demostrar que si existen otros caminos, y avanzar en la construcción de un amplio consenso, un sujeto colectivo plural capaz de forzar al gobierno a cambiar de estrategia económica.
Para agosto del año pasado, la propuesta, un programa de 12 puntos - en realidad 12 paquetes de medidas - titulado "Estrategia Económica Alternativa para Desarrollo de México" estaba lista para su presentación a la ciudania mexicana por ocho redes y 10 organizaciones nacionales para su firma y adhesíon en el "Referéndum de la Libertad".
El 20 de noviembre se concluye el Referéndum consiguiendo 428 mil firmas de adhesión. Los resultados se entregan a la Cámara de Diputados, en medio de una gran concentración. Se envía la propuesta y los resultados del referéndum al Presidente Zedillo, que sólo contesta que la turnará a la Secretaría de Hacienda.
El zapatismo vs. el neoliberalismo
Con una confluencia de fondo, pero con cierto paralelismo, se desarrolla la lucha contra el neoliberalismo en el amplio circulo de influencia y convocatoria del EZLN. El zapatismo a logrado que los consensos y diálogos de la sociedad alimenten las mesas de negociación con el gobierno. De hecho, a pesar de la negativa parte del gobierno de Zedillo, dichas mesas son la expresión más amplia del diálogo nacional entre sociedad y gobierno.
Destacan tres grandes acontecimientos cuyo tema central es la lucha anti-neoliberal.
a) La Consulta Nacional Zapatista del 27 de agosto de 1995. Aunque el tema central es sobre la transición del EZLN hacia una fuerza política, se incluye una pregunta sobre las demandas del pueblo mexicano. Más de un millón de mexicanos asumen las demandas planteadas por los zapatistas (el 97.5% de 1,088,094 participantes). Esta consulta es la que ha logrado mayor participación ciudadana de las realizadas hasta ahora y expresa un consenso nacional contra el neoliberalismo que se ha mostrado incapaz de darles solución.
b) El Encuentro Continental y el Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo.Al primero asisten aproximadamente 400 personas de 15 países, y al segundo realizado del 27 de julio al 3 de agosto asisten aproximadamente 3,000 personas de 70 países. Estos encuentros son un salto de calidad sin precedentes del consenso anti-neoliberal y a vez de la capacidad de convocatoria y legitimidad del zapatismo.
c) El Foro Especial de Reforma del Estado realizado en San Cristóbal de las Casas a principios de Julio de 1995, con cerca de 3,000 participantes en los momentos culminantes y alrededor de 2,000 permanentemente en las mesas. En él se desarrollo una mesa sobre el modelo económico alternativo. En los hechos el documento final de consenso es totalmente convergente con el Referéndum de la Libertad.
Los convocantes al Referéndum de la Libertad continúan la búsqueda de consensos, de toma de conciencia de que sí hay otro camino económico para México, de movilizar a la ciudadanía para presionar por un cambio de rumbo económico. Se convoca a una serie de reuniones abiertas a todas las organizaciones sociales, políticas o civiles para que juntos se diseñen acciones post-referéndum para buscar el cambio económico.
En dichas reuniones se decide lanzar una jornada nacional de condena al modelo neoliberal. No se trata de una condena basada en análisis académicos o científicos, sino de que masivamente la ciudadanía exprese los daños que personal, familiar o colectivamente ha causado la política económica del gobierno. Se consideró que era necesario generar en la población una conciencia de colectividad: "mis problemas son problemas de muchos", mis problemas tienen que ver con las decisiones y orientaciones de las acciones del gobierno".
Se realizó un gran trabajo de concertación y se logra que un conjunto de cerca de 100 organizaciones convoquen a dicha jornada. Entre ellos hay que destacar a grandes organizaciones sociales de todos los sectores: popular, sindical, campesino, de mujeres, ambientalistas, de derechos humanos. No se han recolectado aún toda la información a nivel nacional, pero los datos parciales disponibles arrojan una participación de 177,000 denunciantes, en 30 estados y la Ciudad de México;captadas en 1,875 mesas y 75 asambleas, que denuncian uno o más daños causados por la política económica del gobierno.
Las denuncias expresan una riqueza enorme. Además de lo que es ordenable en estadísticas se exponen narrativamente testimonios directos. No se ha acabado de sistematizar la información y menos aún seleccionar cualitativamente los testimonios. Sin embargo, algunas tendencias generales son:
En la Jornada se logró abrir formas de participación directa y masiva en que la gente diga su propia palabra y evalúe al gobierno. Además ofrece un cúmulo de información sin precedentes sobre los daños causados a la población y la percepción que de ellos tiene la misma.
Starbucks promete pero todavia no cumple
El Proyecto de Educación Laboral EU/Guatemala (US/GLEP, por sus siglas en inglés) es una ONG con sede en los Estados Unidos que trabaja conjuntamente con sindicatos y ONGs guatemaltecos en campañas promotoras de derechos laborales en Guatemala. A fines del año pasado, después de la Campaña pro Justicia para Trabajadores Cafetaleros -- dirigida por consumidores -- la compañía de café Starbucks adoptó un nuevo marco para su código de conducta laboral. Karen Hansen-Kuhn entrevistó al director ejecutivo de US/GLEP, Steve Coats, acerca de su labor respecto al código de conducta de Starbucks y lo que Starbucks ha -- y no ha -- hecho.
KHK: ¿Qué le llevó a Ud. a enfocarse en los cafetales y Starbucks?
SC: La industria cafetalera en Guatemala es la que más empleo genera, ocupando a alrededor de 700,000 trabajadores. Pese a la atención pública que se otorga a la situación de los trabajadores de la maquila en Centroamérica, la agricultura aún domina la economía y las condiciones de trabajo y sueldos son generalmente mucho peores que en la industria.
Nos enfocamos en Starbucks debido a que es una compañía renombrada que se ha descrito en las publicaciones sobre ética empresarial como una empresa socialmente responsable. Su alcance es nacional, marca tendencias y se ubica en Seattle, donde hay una amplia base de gente que se preocupa de lo social y que fue clave en procurar que la campaña despegara y en presionar a la compañía en su propia ciudad.
KHK: ¿Cuáles son los elementos principales del código de conducta de Starbucks?
SC: En primer lugar, el código de Starbucks plantea una "declaración de principios", la cual incluye afirmaciones de respeto a la libertad de asociación, de oposición al trabajo infantil, y de apoyo a sueldos que permitan una subsistencia mínima, etc. Después de la declaración de principios vienen los Criterios para Seleccionar Café en que Starbucks expone sus metas, de las cuales una es "... comprar café a gente que comparta nuestro compromiso de tratar a los empleados con respeto y dignidad".
El código de Starbucks es mucho más débil que la mayoría de los códigos en el sector textil, ya que no contiene ninguna declaración clara de que se negará a comprar café a productores que violan estas normas. Por otra parte, el código emitido el año pasado contempla acciones específicas para el año fiscal 1996 que establecen pasos medibles que la compañía se ha comprometido a dar. Estos abarcan elaborar un plan estratégico para la implementación del código en Guatemala y otros países clave, incluyendo Indonesia, Etiopía y Kenia.
KHK: ¿Cómo monitorea Starbucks el cumplimiento del código por parte de sus contratistas?
SC: Starbucks tenía planeado implementar su código en octubre de 1996. Tengo que decir que estamos preocupados por el ritmo lento de la implementación. La compañía recibió una cobertura tremendamente positiva en la prensa por haberse comprometido a hacer algo que aún no empieza a hacer un año después de que lo prometió. A la fecha, el código de Starbucks no ha llevado a ningún cambio real en el campo. Francamente, estaríamos muy felices si Starbucks se moviera hacia la implementación de su código con siquiera la décima parte de la rapidez con que abre nuevas tiendas casi todos los días.
Ahora bien, si Starbucks estuviera respondiendo a la pregunta sobre el monitoreo de sus contratistas, tendría que agregar que desconoce el origen de la mayor parte de su café, ya que la empresa -- al igual que la mayoría de empresas cafetaleras -- compra café a casas exportadoras y no directamente a las plantaciones. Pero los expertos nos dicen que las casas exportadoras sí saben el origen del café. Nuestra posición es que Starbucks está obligada a decir a las casas exportadoras que tiene que saber el origen del café como una condición para hacer negocio. Luego, Starbucks podría empezar a establecer un programa piloto en Guatemala para monitorear y reforzar su código de conducta. Esto no será fácil, pero estamos hablando con grupos de base que estarían dispuestos a servir como monitores en las comunidades de cafecultores.
KHK: Tengo entendido que ejecutivos de Starbucks visitaron Guatemala recientemente. ¿Qué sucedió?
SC: El vicepresidente de café, Dave Olsen, fue a Guatemala a principios de septiembre con el director de relaciones públicas de la empresa. Teníamos entendido que una parte de su agenda consistió en entablar discusiones sobre las posibles maneras de implementar el código de Starbucks; nos permitió fijarle una cita con varios grupos que representan a los trabajadores cafetaleros y con la iglesia católica para sondear algunas ideas de cómo Starbucks podría dar algunos pasos hacia la implementación del código. Olsen, sin embargo, aunque asistió a la reunión, no pareció estar interesado en aprovechar la oportunidad. Nos reportó que había celebrado algunas conversaciones preliminares con ANACAFE, la asociación guatemalteca de exportadores de café, acerca de elaborar una lista de "buenas" plantaciones. Francamente, estábamos muy desilusionados respecto a la falta de progreso logrado durante el viaje. Por lo visto, Starbucks hasta rehusó comprometerse a traducir el código al español. Estamos reevaluando nuestro trato con la compañía así como buscando maneras de persuadirlos para avanzar de formas concretas.
KHK: Retrospectivamente, ¿cuáles fueron los elementos más importantes de la campaña? ¿Podrían llevarse a cabo campañas semejantes en otros países?
SC: El logro más importante fue extender al sector agrícola el principio de que las compañías estadounidenses pueden y deben asumir la responsabilidad de las condiciones bajo las cuales se produce café -- o cualquier otro producto que se vende en los Estados Unidos -- en el extranjero. Este principio ya se ha adoptado por la mayoría de empresas del vestido en los Estados Unidos mediante códigos de conducta para sus contratistas y socios. Como lo sabemos todos, la mayor parte de estos códigos no se cumple. Hay mucho por caminar antes de que los códigos se traduzcan en cambios significativos en el campo laboral, en Guatemala o cualquier otra parte. Pero constituyen un paso importante para pedirles cuentas a las corporaciones.
Otro elemento importante fue demostrar que la presión de grupos de base de consumidores sí implica diferencias en el comportamiento de las corporaciones. Antes de la campaña, Starbucks se negaba a emprender acciones respecto al código. A dos meses de que los consumidores empezaran a repartir volantes fuera de sus tiendas, la empresa cambió de opinión.
Uno de los objetivos más importantes de estos códigos es el abrir espacios politicos para los trabajadores que desean organizarse para lograr mejores condiciones y sueldos en Guatemala, país con una historia violenta de represión contra la organización sindical. Creemos que el cambio real en los cafetales de Guatemala no se dará hasta que los trabajadores sean libres para organizarse. Pero hasta ahora, en el caso de Starbucks, no hemos visto campañas de organización en las pocas plantaciones de las que sabemos a ciencia cierta venden a esa compañía.
No sólo pueden realizarse campañas semejantes en otros países, sino que tales campañas son necesarias para que nuestros esfuerzos tengan éxito en los Estados Unidos. No sé cuánto café guatemalteco se importa por empresas canadienses, pero necesitamos convencer a muchas más de las empresas -- aquí, en Canadá y en otros lados --, para que adopten los códigos y empiecen a reforzarlos antes de que podamos obrar cambios en el campo guatemalteco y otros países productores de café.
Debo añadir aquí que ha habido esfuerzos importantes durante mucho tiempo por desarrollar un comercio alternativo del café. Equal Exchange ("Intercambio Igual"), por ejemplo, ha trabajado desde hace muchos años para comercializar café producido de acuerdo a prácticas de comercio justo y comprado a cooperativas y pequeños productores. Vemos el método de códigos de conducta como un esfuerzo por cambiar el comportamiento de las grandes plantaciones, esfuerzo que complementa la labor de grupos que abogan por el comercio justo.
El Mercosur da la espalda a los consumidores
por Andrea Botto, Consumers International (Chile)
Mercosur está siendo implementado de espalda a los consumidores. El debate en torno al marco mínimo de protección al consumidor se hace en ausencia del principal interesado que es el consumidor. Esta situación no puede y no debe ser aceptada porque los consumidores tienen no sólo el derecho sino la obligación de participar en los procesos de armonización de las normas que los pueden afectar directa e indirectamente en su vida cotidiana.
El 26 de marzo de 1991, los países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron un acuerdo para la creación de un Mercado Común del Sur (Mercosur). Este acuerdo ha favorecido a las grandes empresas que operan en los países del Mercosur. El balance para los con-sumidores es mixto. Es cierto, que la reducción de las barreras arancelarias y, en algunos casos, no arancelarias permiten a los consumidores acceder a una mayor variedad de bienes a precios más competitivos. Sin embargo, los mercados funcionan en la realidad de manera imperfecta (v.gr. prácticas desleales de las empresas como constitución de monopolios, acuerdos de precios) y Mercosur no es una excepción a la regla. Esta situación disminuye los beneficios que el libre comercio puede aparejar a los consumidores en términos de variedad de bienes disponibles así como también de precios más competitivos.
En el caso de Mercosur, esta situación se ve agravada por la existencia de fuertes diferencias en la protección de los derechos de los consumidores entre los países miembros. En Brasil y en Argentina estos derechos están reconocidos a nivel constitucional. Por el otro lado, Paraguay y Uruguay ni siquiera tienen una ley de protección al consumidor. Estas asimetrías facilitan la introducción de bienes de baja calidad, inseguros o nocivos para el consumidor de la región.
Hacia fines de 1994, las organizaciones de consumidores de los cuatro países miembros decidieron unirse para dirigirse a este y otros problemas afines, formando la Asociación de Consumidores de Mercosur (ACOM,) cuyo objetivo es la coordinación de actividades conjuntas para la defensa de los intereses de los consumidores de la región en áreas tales como la armonización de la legislación de protección de los consumidores, la realización de estudios de calidad, de tests comparativos, entre otras.
A pesar de la presencia de la ACOM, los consumidores como así también otros grupos de la sociedad civil encuentran obstáculos para su participación a nivel de los órganos responsables del Acuerdo. Mercosur tiene una estructura inter-gubernamental donde sólo se prevé la participación formal de representantes sectoriales a nivel del FES -- Foro Económico Social. La función de este órgano es la de asesorar al órgano ejecutivo del Mercosur en aquellos temas y proyectos puestos a su consideración.
El reglamento de funcionamiento del FES ha sido adoptado recién en mayo del corriente año. Originariamente, se había previsto que cada uno de los sectores (empresarios, sindicatos y consumidores) tendría igual representación en el FES. Lamentablemente, el juego de poder llevó a que al momento de la definición se hiciera marcha atrás y se adoptase la fórmula 4-4-1 (empresarios-sindicatos-diversos respectivamente; estando los consumidores incluidos en el último grupo). Las organizaciones brasileña y argentina, miembros de ACOM, tienen representación ante los FES nacionales.
Frustraciones similares afectan también a los consumidores a nivel regional. La realización de los objetivos de este Acuerdo exige - entre otras cosas - que los países armonicen sus legislaciones en diversas áreas, incluyendo normas técnicas (establecen requisitos mínimos para los bienes que se comercializan en el mercado) y ciertas cuestiones macroeconómicas. Como un gran número de las normas técnicas tienen consecuencias directas e indirectas sobre los consumidores, las organizaciones de consumidores han estado presionando para participar en los procesos de toma de decisiones de dichas cuestiones. En términos generales, podemos decir que las discusiones de los grupo técnicos son realizadas a puertas cerradas. A veces, los representantes de la industria son invitados a participar en las mismas con carácter de observadores no así los representantes de los consumidores
En Argentina, el representante de ADELCO (Acción del Consumidor, un miembro de la ACOM) ha participado en todas las reuniones que el organismo de normalización organizó sobre la elaboración del proyecto de armonización de la norma. Lamentablemente, esta situación no se reprodujo en los otros tres países, donde los miembros de la ACOM se han encontrado reiteradamente con obstáculos -- entre ellos, el ocultamiento de la documentación y la postergación sem-piterna de la convocación a reuniones -- que dificultan su participación en los debates que preceden la toma de decisión de los temas arriba mencionados.
Históricamente la participación informada de los consumidores ha contribuido a asegurar la transparencia de lo mercados, la seguridad y la accesibilidad de los bienes y servicios. Por ello, sólo a través de su participación, las organizaciones de consumidores del Mercosur -- a pesar de ser relativamente excluidas del proceso oficial de toma de decisiones -- continúan ejerciendo presión para limitar los efectos negativos que la implementación de este Acuerdo pueda aparejar. Lo que suceda en el Mercosur será un precedente importante para los futuros acuerdos de integración en la región.
por Karen Hansen-Kuhn (The Development GAP, EUA) and Valentina Delich (Universidad Nacional de Buenos Aires)
Mientras se desarrollan conversaciones sobre la posible creación de un Area de Libre Comercio en las Américas, que cubriría todo el continente, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Mercado Común del Cono Sur (Mercosur) siguen siendo los dos modelos principales para dicha área. La siguiente es una comparación resumida de los dos acuerdos y de algunos de sus componentes más importantes:
| Rubro | TLCAN | Mercosur |
| Definición | Una zona de libre comercio en la cual se eliminan las restricciones al comercio de bienes producidos en los países miembros, pero cada nación se reserva el derecho de establecer aranceles sobre bienes procedentes de los países que no sean miembros. El TLCAN induce al desplazamiento de la producción hacia lugares de menos costos. El tratado incluye disposiciones que liberan los flujos de capitales, protegen los derechos de propiedad intelectual y abren nuevos sectores a la inversión foránea, pero permite solamente una limitada movilidad laboral. | Una unión aduanera en la cual existe libre comercio entre los integrantes y aranceles externos comunes. Aunque contempla medidas que liberan los flujos de capital y protejen los derechos de propiedad intelectual, un verdadero mercado común también permitiría la libre circulación no solo de bienes, sino de servicios y factores productivos (tales como el trabajo) entre los países miembros, temas que aún están bajo discusión. |
| Fecha en entrada en vigor | El primero de enero de 1994 | El Tratado de Asunción, firmado el 26 de marzo de 1991, inició el proceso de liberalización comercial. La segunda fase, de una union aduanera, empezó el primero de enero de 1995 e incluye el establecimiento de un arancel externo común. |
| Integrantes | Canadá, Estados Unidos y México | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Chile se convirtió en miembro asociado el primero de octubre de 1996. Bolivia se convirtirá en miembro asociado a partir del primero de enero de 1997. |
| Toma de decisiones | El TLCAN, al haber sido incorporado como Tratado en Canada y México, tiene jerarquia superior a las leyes nacionales, deragando por lo tanto la legislación nacional en contrario. En los Estados Unidos, se considera como un convenio; el Congreso está facultado para determinar si tienen que modificarse las leyes nacionales. Se estableció una comisión trinacional para supervisar su implementación. | Las Decisiones y Resoluciones se toman por consenso de todos los miembros. Deben ser luego aprobadas por todas las legislaturas nacionales. Los miembros asociados deberán apegarse solamente a aquellas Decisiones y Resoluciones que ellos aprueben de manera específica. |
| Resolución de disputas | Un comité de expertos se reúne a puertas cerradas para resolver las disputas comerciales donde las leyes o prácticas nacionales pudieran coartar el comercio. Las partes en disputa sólo pueden ser los gobiernos, salvo en casos de expropiación, en los cuales los inversionistas extranjeros gozan de personalidad jurídica. | Tribunal de Arbitraje ad hoc se conforman cuando es necesario. Los individuos pueden interponer recursos si sus gobiernos los respaldan. Se celebran audiencias públicas y se publica la decisión de la mayoría. |
| Reducciones de tarifas arancelarias | Implementadas gradualmente, desde la liberalización inmediata del comercio en automóviles personales hasta la reducción paulatina durante 15 años de los aranceles sobre importaciones de maíz y frijol para México, e importaciones de jugo de naranja y azúcar para los Estados Unidos. | A partir del primero de enero de 1991 no se grava el 90% de los productos intercambiados por los países miembros. Las excepciones serán eliminadas antes de 1999 para Brazil y Argentina y 2000 para Paraguay y Uruguay. Alrededor del 40% de los productos comercializados entre los países miembros y los asociados están exento de tarifas a partir del 2 de octubre de 1996. Las tarifas todavía vigentes se reducirán de manera gradual en los ocho próximos años. Entre las excepciones más importantes se encuentran el trigo y harina (18 años), el arroz y el aceite de oliva (15 años) y el azúcar (con exención por un periodo indefinido). |
| Arancel externo común | Ninguno. | Alrededor de 85% de los productos están incluidos en este regimen, cuyo arancel promedio es 14%. Ciertas excepciones son aplicables, incluyendo bienes de capital, productos de computación y telecomunicaciones. El arancel externo común no abarca los miembros asociados. |
| Inversión | Los inversionistas de países miembros reciben un trato nacional que no sea menos favorable que el trato otorgado a inversionistas locales, aunque en México se prohíbe la inversión foránea en el petróleo. Se prohíbe aplicar requisitos de desempeño (tales como niveles de transferencia de tecnología, exportaciones, etc.) sobre los inversionistas extranjeros de cualquier país. | Se les otorga el trato nacional a inversionistas de los países miembros, aunque en Argentina, se eximen los bienes raíces en zonas fronterizas. Los inversionistas de los países asociados no automaticamente reciben el trato nacional. |
| Derechos de propiedad intelectual | Se protegen los derechos de autor de materiales escritos,
grabaciones, software, medicinas, entre otros, de acuerdo a lo dispuesto
en varios convenios internacionales. Se modificaron las leyes relevantes
en Canadá y México para extender los periodos en que se protegen las
patentes; las leyes se homologaron con normas estadounidenses. Se puede
imponer sanciones estrictas a los infractores. El tratado no protege los derechos de propiedad intelectual de los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas. |
Como resultado de la Decisión 8 (1995), los países miembros
darán pasos para armonizar la legislación local en materia de derechos de
propiedad intelectual. Se ratificaron el Convenio de París y el anexo del
OMC respecto a la propiedad intelectual. Al igual que el TLCAN, esta protección tampoco se incluye. |
| Derechos laborales | Bajo el Acuerdo de Cooperación Laboral, relativamente débil, los miembros se comprometen a cumplir las legislaciones nacionales. Es posible que se establezcan sanciones cuando se trata de violaciones persistentes de leyes en materia de seguridad ocupacional, sueldo mínimo y labor infantil. Cuando se trata de violaciones de los derechos de huelga, libertad de asociación y contratación colectiva, posiblemente se realicen consultas. | Los miembros están de acuerdo en que es necesario que exista una carta social para establecer normas laborales, mas aún no se han logrado acuerdos laborales de peso. |
| Movilidad laboral | Estancias temporales para ciertas clases de profesionales y empresarios. | Las legislaciones nacionales siguen vigentes hasta que la Comisión de Trabajo convenga una política común. |
| Medio ambiente | Bajo el también débil Acuerdo de Cooperación Ambiental, los
países miembros se comprometen a cumplir las leyes nacionales. Es posible
que se apliquen sanciones en casos de violaciones persistentes. Se eximen
asuntos relacionados con recursos nacionales bajo el acuerdo paralelo. Consultas, mas no sanciones, son posibles en el casos de disputas relacionadas con lo dispuesto en el TLCAN en el sentido de que los países miembros "no deberán" reducir sus normas ecológicas para atraer la inversión. |
La Decisión 10 (1994) sienta los "criterios básicos para la
política ambiental". Esta incluye una disposición que obliga a los
gobiernos a asegurar igualdad de competencia entre países miembros
mediante la inclusión de los "costos ambientales" en el analisis de la
estructura de costos en cualquier proceso productivo. La Decisión 10 (1994) también dispone que los gobiernos "deberán" garantizar que los productores no reduzcan las normas ambientales para bajar sus costos, pero no aborda el tema de qué ocurrirá si se niegan a hacerlo. |
| Democracia | Tema no abordado en el TLCAN. | Un protocolo del Tratado de Asunción, que se negoció este año, aborda la cuestión de la democracia, afirmando que cualquier país que caiga bajo el gobierno de una dictadura militar, será excluido del Mercosur. Chile también han ratificado este Protocolo. |
La confrontación marca los conflictos ambientales
por César Padilla, Observatorio de Conflictos Ambientales (Chile)
Los chilenos se vuelven cada vez más preocupados por los impactos negativos de la explotación de recursos naturales, particularmente en sectores como la minería, lo que se traduce en largos y dificultosos conflictos ambientales entre las comunidades, el gobierno y las empresas.
Los conflictos ambientales se suceden uno tras otros, exacerbados por el débil y nebuloso marco que entrega la ley de Bases del Medio Ambiente. Esto se debe en parte al hecho que a dos años y medio de su dictación la ley no cuenta con la aprobación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, instrumento que debiera velar por la sustentabilidad de los proyectos de inversión. Es claro que la institucionalidad ambiental chilena definitivamente no aporta a evitar la existencia de conflictos ambientales, por el contrario, su ambigüedad y debilidad ponen de manifiesto la presencia de un callejón -- quien sabe si sin salida -- en que se encuentra el gobierno respecto del estimulo a las inversiones económicas y la protección ambiental.
El hecho es que a medida que se van acumulando conflictos ambientales y se van sacando lecciones de cada uno de ellos, se van ajustando las estrategias de cada uno de los sectores de la sociedad. Los empresarios venden mejor su proyectos, el Estado es mas meticuloso en el tratamiento de las denuncias y los ciudadanos y ambientalistas estructuran mejor sus alianzas para defender el ambiente.
Muchas comunidades enfrentadas a problemas ambientales optan por una estrategia confrontacional, producto del sentimiento de abandono generado por procesos de participación que no garantizan la protección del medio ambiente y de las personas. Estas comunidades han vuelto muy escépticos del proceso. Esta reacción natural de los ciudadanos se sustenta sobre la base que halla donde se ha dado espacio para la realización de estudios de factibilidad ambiental, los proyectos han sido aprobados en su mayoría sin modificaciones, y justamente las decisiones se han tomado, basadas en los estudios realizados. A ello debemos agregar que las comunidades mas perjudicadas por los danos ambientales son mayoritariamente las de escasos recursos, tales como pescadores artesanales, indígenas, pequeños campesinos habitantes pobres de la ciudad.
Con el objeto de poner termino a esa lógica confrontacional por la que optan las comunidades, el gobierno ha intentado varias formulas. Una de esas formulas es la del desprestigio de los grupos ambientales, que forman el único apoyo que los afectados tienen en su lucha por la protección de su entorno. Otra ha sido hacer creer a las comunidades afectadas por proyectos de inversión con grandes impactos ambientales, que pueden influir efectivamente en los procesos de aprobación de los proyectos mediante objeciones a los estudios de impacto ambiental sin que esto se haya hecho efectivo en tan solo una oportunidad.
Ultimamente, el gobierno ha optado por golpear la mesa,declarando el presidente de la República, que el objetivo de la ley ambiental no es poner en peligro los proyectos de inversión, sino llevarlos a cabo con el mínimo de impacto ambiental posible. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del gobierno y las agresivas campanas y presiones de los empresarios por desvirtuar los conflictos ambientales, estos aumentan día a día.
Y no puede ser de otra forma ya que cada vez mas, con una creciente
conciencia ambiental y con lecciones obtenidas de importantes conflictos
ambientales, los ciudadanos mas sensibles al tema están mas dispuestos a
defender su entorno, su salud y su seguri
dad
personal y colectiva. Aunque algunos funcionarios aseguran que son los grupos
ambientales que influyen la cantidad e intensidad de los conflictos, han sido
justamente las intervenciones de los organismos del Estado a través de su
institucionalidad ambiental, las que han llevado a las comunidades a tomar
posiciones extremas en los conflictos.
En San Alfonso, por ejemplo (ver NUESTRA AMERICA del verano de 1996) la resistencia pública a la instalación del gasoducto por medio de un Santuario de la Naturaleza o por el borde de un sector habitado, con su consecuente problema de seguridad ciudadana, marco un hito importante en la toma de posición de los diferentes sectores de la sociedad frente a este tipo desituaciones. Además, se puede agregar que la negociación a que se llego para otorgar un mayor grado de seguridad a la población, hoy se esta desconociendo y los compromisos no están siendo cumplidos a cabalidad.
Dentro de este escenario los conflictos ambientales seguirán formando parte de la realidad nacional.
Tratados comerciales desplazan a organismos internacionalespor Maria Elena Ahumada, Comité en Defensa del Pueblo (CODEPU, Chile)
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han sido foros de debate y de decisión de las políticas de relaciones de cooperación entre los países para la construcción y mantenimiento de la paz y el respeto a los derechos humanos. Estas organizaciones surgen justamente para consolidar un sistema internacional de relaciones fructíferas entre los Estados y entre los pueblos, basado en el principio de igualdad entre los países. Actualmente, las fuerzas de globalización económica están socavando las mismas instituciones que han fomentado la cooperación internacional en varios temas políticos y sociales.
Estas organizaciones internacionales han dejado de tener hoy la misma relevancia histórica y política. Están siendo desplazados por los tratados económicos. Por otra parte, el sistema de Naciones Unidas tiene graves problemas de financiamiento, y depende casi exclusivamente de los aportes de los países mas poderosos del mundo, socavando, en la práctica, el principio de "un país, un voto" que les abrió foros tan importantes en el pasado.
Decisiones importantes que afectan la relación entre los países se están tomando ahora en las reuniones de los mercados internacionales. Bloques económicos como la Unión Europea, el Mercosur y el TLCAN están tomando cada día una fuerza política sorprendente, y sus decisiones en el campo de las relaciones internacionales parecen tener gran peso.
En el Mercosur, por ejemplo, se ha establecido una norma de pertenencia (o de ingreso) que sanciona a los Estados que no tengan un funcionamiento democrático. El reciente intento de golpe de Estado en Paraguay, impedido en gran parte porque el país habría sido excluido del Mercosur si los militares hubieran asumido el poder, evidenció el hecho que los tiempos han cambiado; que las decisiones políticas son estrechamente dependientes de las decisiones económicas de los Estados (y de los empresarios de esos países y de las zonas mercado).
Como política, este tipo de decisiones tiene aspectos positivos y negativos. Podemos considerar positiva una decisión como la tomada ante la situación paraguaya, pues es una advertencia para todos, especialmente para los poco amantes de la democracia, en el sentido que los mercados comunes funcionan si existen democracias formales en los Estados que forman parte. Los golpes de estado y las dictaduras militares están pasados de moda. No sirven para agilizar la economía, ni consolidan el desarrollo económico abierto de una sociedad.
Sin embargo, el Mercosur y los otros bloques comerciales no pueden resolver adecuadamente los problemas relacionados con los fundamentos de la democracia. La orientación (el eje ordenador) de la relación entre los países que forman parte del mercado común es la promoción del intercambio comercial, y la meta aparente es el desarrollo económico de la zona. Esto significa que la economía nacional o local queda subordinada a la economía regional, e igualmente importante, que la toma de decisiones se aleja aún más del nivel local y queda relegada cada vez más a autoridades regionales relativamente desconectadas. Además, implica que existirá un solo modelo de desarrollo y un solo tipo de democracia.
Estos tratados no se dirigen a las complejas y trascendentales consecuencias políticas y sociales de la expansión del comercio al interior de y entre las naciones. A menos de que los tratados comerciales se transformen fundamentalmente a efecto de incluir estos asuntos de una manera democrática, es de suma importancia que existan foros internacionales en los cuales los países latinoamericanos puedan plantear esos temas aparte de las negociaciones sobre concesiones comerciales. Prácticamente, la ONU y la OEA ha quedado reducido a las labores promocionales de derechos humanos y de proyectos sociales, educativos, sanitarios y medioambientales. El hecho que el peso de estos sistemas en la política de los países haya disminuido considerablemente, se debe principalmente a un modelo mundial de desarrollo cuyo eje es la lógica de la competencia tecnológica y económica, además de las políticas impuestas por otras instituciones menos democráticas como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Se está imponiendo irreversiblemente el concepto del mercado en las relaciones entre los Estados y entre los pueblos.
Sin embargo, y como sabemos, el mercado no regula las relaciones humanas, ni sociales, ni entre los Estados, ni entre las regiones. El mercado no es regulador de las relaciones entre personas y entre pueblos; solo es útil como regulador de relaciones entre precios, mercaderías, poder adquisitivo, ganancias empresariales, relaciones entre capitales.
Otro efecto nefasto, desde nuestra perspectiva, es que las fuerzas del mercado tienden a bajar las normas laborales mediante la apertura de la competencia y la desregulacion laboral.
Preguntemonos, ¿en quien o quienes debería residir la soberanía para tomar decisiones de esa magnitud?
Desde el punto de vista doctrinal de derechos humanos, esta liberalización extrema no es legítima, pues el ejercicio de cualquier soberanía en primer lugar tiene limites respecto del imperio de la ley y de la vigencia de los derechos humanos. Pero si se trata de ejercer la soberanía, son los pueblos mismos quienes deben hacerlo, ya que ésta es entregada solo temporalmente por el pueblo a los mandatarios para cumplir un programa político específico.
Finalmente, mas allá de relaciones comerciales amplias, requerimos también de un intercambio cultural, social, intelectual, y humano. Con este propósito, es urgente refortalecer el sistema de Naciones Unidas y de la OEA. Es justamente en estos foros internacionales donde ha surgido el compromiso por la paz, la cooperación internacional y el respeto y protección de los derechos humanos.
La liberalización comercial y el sistema de salud canadiense
por Michael McBane, Coalición Canadiense por la Salud
Implicaciones del ALCA para los subsidios y la seguridad alimentaria
por Steve Suppan, Instituto de Política Agrícola y Comercial (IATP) (EUA)
Las recientes discusiones sobre políticas comerciales podrían generar resultados que afectarían seriamente la capacidad de las naciones y los hogares para producir y, de ser necesario, comprar alimentos en cantidad, diversidad y calidad suficientes para garantizar la salud y el bienestar de las personas.
La propuesta para crear un Area del Comercio Libre de las Américas (ALCA), un acuerdo comercial que involucraría a todos los estados del Hemisferio Occidental, excepto a Cuba, para el año 2005, fue presentada a la Cumbre de las Américas, convocada por los Estados Unidos en Miami en diciembre de 1994. En la Cumbre se aprobó un "Plan de Acción" que instruía a los "ministros responsables del comercio" para adoptar los pasos necesarios para alcanzar el ALCA, con la ayuda de agencias como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unidad Especial de Comercio de la Organización de Estados Americanos (OEA), y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas. El Plan establecía también una serie de Grupos de Trabajo y reuniones a nivel ministerial para llevar adelante el proceso del ALCA.
Implicaciones para la seguridad alimentaria del ALCA
Un tema que está siendo abordado por los Grupos de Trabajo del ALCA es el de la seguridad alimentaria -- definida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) como la capacidad de los hogares, comunidades, regiones, y naciones para comprar o producir comida de cantidad, variedad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades nutricionales. Incluso defensores tan acérrimos del "libre" comercio en bienes agrícolas como el Food Policy Research Institute (Instituto de Investigación sobre Políticas Alimentarias) reconocen que la seguridad alimentaria ha declinado en América Latina en los últimos quince años.
Las agroexportaciones subsidiadas vendidas en el mercado por abajo el costo de producción colocan a los países importadores en una situación de "inseguridad alimentaria", obligan a los productores domésticos a abandonar cultivos, hacen a esos países vulnerables a los incrementos en los precios y a la escasez en el abasto de productos importados (la actual situación), así como a volatilidad de las tasas de cambio.
A pesar de su posición pública en favor de eliminar los subsidios agrícolas, en realidad la política de E.U. en la materia ha sido inconsistente. En un carta de diciembre de 1995 al Grupo de Trabajo sobre Subsidios del ALCA, publicada en Inside NAFTA, el gobierno de Estados Unidos expresó su interés en combatir prácticas comerciales como "las empresas estatales de comercio, los impuestos diferenciales y rebajas a la exportación, y los subsidios de la Unión Europea en productos agrícolas como granos y lácteos". La ley agrícola estadounidense de 1996, sin embargo, mantiene el programa de subsidios a la agroexportación a muy alto nivel, mientras la administración Clinton se ha opuesto a un propuesta argentina para acabar con tales subsidios.
En una aparente respuesta a un documento sometido al Grupo de Trabajo por el gobierno argentino, en el que se recomienda que el ALCA "profundize" los compromisos logrados en la Ronda de Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) para eliminar los subsidios a la agroexportación e imponer impuestos compensatorios contra aquellos países que incurran en prácticas de "dumping" al exportar a precios por abajo el costo de producción, los gobiernos de E.U. y México enviaron un cable conjunto en marzo, en el que señalan que el Grupo de Trabajo sobre Subsidios no había cumplido con su mandato y que posponían la aprobación de su informe. En julio los Estados Unidos, Canadá, Chile y Venezuela fueron más allá, al considerar que la propuesta argentina violaría probablemente las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que permiten los subsidios. Argentina respondió que su propuesta se basaba de hecho en las reglas de la OMC, y por consiguiente merecía una más amplia discusión en el ALCA.
Competencia y Subsidios
El documento de Argentina llama a abrir negociaciones para liberar a la agricultura de un régimen de subsidios a la exportación que han minado la seguridad alimentaria en muchos países. En un documento dirigido al Comité de Comercio y Medio Ambiente (CTE) de la OMC, Argentina había propuesto también iniciar con prontitud discusiones sobre la reducción o eliminación de subsidios en el comercio agrícola que promuevan prácticas ambientalmente no sustentables en la agricultura.
Según el número del 20 septiembre de Inside U.S. Trade, el informe del CTE a la Reunión de Ministros de Comercio de la OMC, realizada en Singapur en diciembre de 1996, es muy similar al informe propuesto por E.U.. Un diplomático dijo que el informe del CTE "refleja un muy bajo nivel de ambición", debido a la oposición de E.U. a diversas iniciativas, incluyendo la de reducir subsidios agrícolas en beneficio del medio ambiente. La oposición de E.U. a las propuestas argentinas son consecuentes con las "Recomendaciones para la Política Comercial de E.U. en Agricultura", un informe del 12 el septiembre de 1996 del Comité Asesor del Presidente para las Políticas y Negociaciones Comerciales. A pesar de que han quedado demostrados los impactos negativos de los subsidios a las exportaciones agrícolas sobre la producción alimentaria en los países en desarrollo, el informe argumenta que los Estados Unidos deben mantener un nivel alto de subsidios para competir con otras naciones exportadoras, que, como Estados Unidos, "compiten" con los agricultores que no gozan de subsidios en los países en desarrollo.
El debate sobre el ALCA
La controversia sobre qué se pretende alcanzar con el Acuerdo del Comercio Libre de las Américas, y cómo hacerlo, salió a la luz en la Reunión de Ministro de Comercio realizada en Cartagena, Colombia, en marzo de 1996. El plan de E.U. para el ALCA, que es apoyado por México y Canadá, consiste en promover que otros países se adhieran al TLCAN o diseñar un nuevo acuerdo usando al TLCAN como un modelo. Brasil, apoyado por varios estados miembros de otros bloques de comercio regionales, argumenta que el ALCA debe ser negociado entre el TLCAN, el Mercosur y otros bloques regionales.
Hay también una disputa sobre el ritmo de las negociaciones. Según varios artículos aparecidos en el número del 6 marzo de Inside NAFTA, grupos empresariales estadounidenses, liderados por el jefe de los negociadores de E.U. en el TLCAN durante la administración Bush, Julius Katz, ha presionado parar iniciar en 1997 las negociaciones del ALCA, una posición apoyada por el gobierno de E.U.
En el otro lado, el Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Luiz Felipe Lampreia, ha declarado que los países del hemisferio deben cumplir primero con los compromisos adquiridos en los bloques regionales de comercio regionales y la Organización Mundial del Comercio (OMC) antes de negociar un ALCA. El Ministro del Comercio canadiense, Art Eggleton, respondió que las negociaciones podrían empezar para algunos sectores económicos en 1997, y que los compromisos en la OMC podrían cambiarse como resultado del cabildeo de un "frente común" de los miembros del ALCA (Inside U.S. Trade, 29 marzo 1996).
El asunto no es simplemente el ritmo de las negociaciones o lograr marcos legales adecuados, sino saber si el ALCA minará a la OMC en el esfuerzo de E.U. por mantener a América Latina en su órbita comercial. La OMC ha iniciado un Programa de Trabajo para investigar las implicaciones de acuerdos regionales de comercio para la Organización.
La preparación este número fue coordinado por RMALC y D'GAP.Editores Patty Barrera (Common Frontiers-ACN)
Karen Hansen-Kuhn/Steve Hellinger (D'GAP)
Victor Osorio (RMALC)
Coral Pey (RECHIP)
NUESTRA AMERICA provee información y perspectivas sobre temas
relacionados con el comercio y la integración económica en el continente. Las
opiniones expresadas en Nuestra América son de los escritores y no
necesariamente reflejan las posiciones de las organizaciones afiliadas. Las
contribuciones son bien recibidas.
© otoño de 1996 Vol. 1, No.3
Donde se puede contactarnos:
RECHIP
Seminario 774
Casilla 16784
Santiago 9
Chile
tel/fax: 562/341-6597
email: rechip@reuna.cl
RMALC
Calle Godard
Col. Gpe Victoria
Mexico, DF 07790
Mexico
tel/fax 525/355-1177
email: rmalc@laneta.apc.org
D'GAP
927 15th Street, NW
4th Floor
Washington, DC 20005
USA
tel: 202/898-1566
fax: 202/898-1612
email: dgap@igc.apc.org
Common Frontiers-ACN
15 Gervais Drive, Suite 305
Don Mills
Ontario M3C 1Y8
CANADA
tel: 416/443-9244
fax: 416/441-4073
email: comfront@web.apc.org
comfront@web.apc.orgNUESTRA AMERICA también está disponible electrónicamente en unas páginas web incluyendo: http://www.developmentgap.org/ y http://www.web.net/comfront
Return to The Development
GAP Home
http://www.developmentgap.org