NUESTRA AMERICA

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Vol. 1 No. 2 Verano 1996

MEXICO

EL LIBRE COMERCIO PESIONA LA DESREGULACION AMBIENTAL EN MEXICO

por la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)

Las autoridades responsables de la protección ambiental en México intentan que el Congreso apruebe un paquete de reformas a la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente (LGEEPA). El paquete tiene como objetivo principal eliminar regulaciones ambientales que se aplican a la inversión nacional y extranjera.

Esta acción forma parte de los desesperados esfuerzos del gobierno por encontrar salidas a la presente crisis económica por atraer aún más inversión extranjera. El paquete violenta además un proceso de consulta ciudadana iniciado hace varios meses para mejorar la legislación ambiental vigente. Las opiniones vertidas por numerosos especialistas y grupos ambientalistas fueron totalmente desatendidas, lo mismo que compromisos adquiridos por el gobierno en distintos convenios internacionales.

Al respecto, la RMALC hizo pública la siguiente declaración:

NO AL DESMANTELAMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL

I. El lamentable y radical paquete de reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que promueve el Presidente del Instituto Nacional de Ecología (INE) y el Procurador Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA):

   a) Confirma los peores temores de las comunidades ambientalistas del país, de Estados Unidos y Canadá, expresadas      durante la negociación del TLCAN, en el sentido de que el gobierno mexicano buscaría reducir sus leyes de protección    al ambiente, con el fin de promover el desarrollo y atraer la inversión extranjera;

   b) Constituye la última etapa del proceso de desmantelamiento paulatino de la legislación ambiental mexicana que se        inició, una vez que el TLCAN quedó aprobado, con la derogación de la Ley Forestal, y que ha continuado en el                 presente gobierno como se comprueba con la relación de hechos en ese sentido, efectuados por la autoridad, que se          incluye como anexo;

   c) Representa la reducción del umbral de protección al ambiente, en grado tal que este régimen queda a menudo                derogado o reducido a su más mínima expresión, tal y como se aprecia en las siguientes características del paquete de      reformas:

1) incrementa sensiblemente la discrecionalidad que se arroga la autoridad para hacer cumplir la Ley, e incluso para emitir normas oficiales por encima de ésta, al eliminar de la misma los criterios obligatorios de la política ecológica, desdeñando al poder legislativo;

2) abdica las atribuciones de la Federación sobre los asuntos ambientales de alcance nacional, para supuestamente transferirlas a los estados, que cuentan aún con menos recursos para desahogarlas, con apoyo en un inverosímil concepto de "descentralización" y de "Nuevo Federalismo", y creando vacíos de autoridad;

3) elimina las disposiciones en materia de participación social en la protección al ambiente, al igual que el régimen de participación de las comunidades, inclusive las indígenas, en el manejo de la política ecológica a nivel regional o local, y particularmente lo relativo a la toma de decisiones sobre los recursos naturales en las áreas naturales protegidas, así mismo elimina dispocisiones que actualmente reconocen el interés jurídico de las personas para exigir, ante las autoridades administrativas y judiciales, la observancia de la propia Ley, tanto por la misma autoridad como por los particulares;

4) el capítulo que supuestamente se refiere al "Derecho a la información", lo que contiene realmente es un régimen con todos los obstáculos para coartar su ejercicio, y constituye un esquema tristemente cómico, irrespetuoso hacia la sociedad;

5) se le da supremacía y prevalencia a la Legislación de Desarrollo Urbano sobre la Ley Ambiental; supeditando, desvirtuando y haciendo ociosas las disposiciones de esta última;

6) desbarata, en lugar de fortalecer, los principales instrumentos de la política ecológica previstos por la Ley, particularmente el del "ordenamiento ecológico", el de la "evaluación del impacto ambiental" y el de la "regulación de los asentamientos humanos";

7) significativamente debilita el régimen de protección de las áreas naturales protegidas, creando además un nuevo mecanismo burocrático para dar apariencia de participación social, y desapareciendo 236 reservas que protegen nuestros mejores bosques y cuencas hidrográficas;

8) convierte a la Ley en un instrumento remedial, que induce y favorece el pago por dañar al medio ambiente, en lugar de privilegiar un régimen obligatorio de prevención del daño ambiental, sin que siquiera se regule adecuadamente la responsabilidad por esos daños, ni la obligación de restaurar elambiente, además, institucionalizado el irrespeto a la Ley, permitiendo sustituir la sanción prevista por la misma, por la Comisión de Infracciones, con la realización de conductas falsamente compensatorias o de otras que; de todas formas, se estaba en obligación de llevar a cabo;

9) violenta y hace incumplibles los compromisos internacionales de México en materia ambiental, extremando las posibilidades de que se le pretenda sancionar desde el exterior en mengua de la soberanía nacional, convirtiendo así, a la Ley reformada, en una plataforma e instrumento generador de intervención extranjera.

II. Todo lo anterior queda evidenciado en los textos que se propone para los siguientes artículos del paquete de Reformas a la Ley: artículos 1, 5, 7 , 9, 15 , 19, 20, 20 Bis Y, II y III, 21, 23, 25 a 30, 33, 35, 31 Bis Y, 37, 38, 42, 44 , 46, 48, 50, 52, 53, 56 Bis, 60, 61, 66, 67, 73, 76, 78, 157, 159, 160, 193, y 194. Por este medio , alertamos a la opinión pública y a los legisladores del Congreso de la Unión, que están recibiendo esta iniciativa del Poder Ejecutivo, sobre las consecuencias de los mismos.

III. Es muy grande la irritación y muy seria la incertidumbre que ha creado en la comunidad ambientalista el inaceptable documento que manejan los titulares del INE y de la PROFEPA. En ejercicio de los derechos de participación y corresponsabilidad que todavía nos reconoce la Ley actual, nos opondremos decidida y resueltamente a cualquier proyecto de Reforma a la Ley que contenga semejantes características y particularmente que reduzca los derechos ambientales que con tanto trabajo conquistó la sociedad en las dos últimas décadas.IV. Un atentado como el que se quiere perpetrar contra el equilibrio ecológico y la conservación de los recursos naturales de nuestro país, tendría que denunciarse ante la Procuradoría Federal de Protección al Ambiente; sin embargo, dado que el titular de esa dependencia es uno de los autores del mismo, resulta ocioso canalizar esta denuncia hacia esa institución, por lo que estamos orillados a acudir a la opinión pública.

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Cronologia del Desmantelamiento de la Legislación Ambiental en México

1. En 1992, se deroga, con el patrocinio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), la Ley Forestal de 1986, modelo de legislación conservacionista, y se reemplaza por nueva desprovista de disposiciones ecológicas y que promueve las plantaciones comerciales, todo ello por encima de la oposición de la comunidad ambientalista, y a pesar del grave deterioro que ya sufría el muy menguado patrimonio forestal del país.

2. El 12 de junio de 1995 se publica la Ley de Participación Ciudadana, adopta da por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, lo cual causó consternación por la forma en que el mismo mediatiza y coarta la viabilidad y eficacia de la genuina participación ciudadana en asuntos públicos de primera importancia, como lo es la protección al ambiente.

3. Ya desde 1994 las autoridades habían tomado acciones que perfilaban la orientación de la nueva Administración. Destacan el nuevo Estatuto del Distrito Federal (29 de julio de 1994) y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo (4 de agosto de 1994), que tienen el efecto de dificultar la defensa del medio ambiente y la participación ciudadana, obligando a acudir a recursos administrativos que constituyen trampas para evitar el acceso a los tribunales judiciales.

4. El 23 de diciembre de 1995 se publica la Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal, mediante la cual se deroga su Área de Conservación Ecológica, que representa el 57.4% de su territorio. Ahora se propone un Programa de Desarrollo Urbano, que regularizará los ilícitos cometidos por las autoridades en materia de uso de suelo, y se auspiciará la continuidad del gigantismo exhorbitado y desenfrenado de la Ciudad a costa del Área de Conservación Ecológica que albergaba los pocos bosques que sirven de pulmón para la metrópoli y constituía la zona de recarga pluvial para abastecer hasta 70% del agua que demanda la zona metropolitana.

5. El 25 de julio de 1995, la SECOFI, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) y la Confederación de Cámaras de Industria (CONCAMIN) firman un convenio de concertación para llevar a cabo un Programa de Protección Ambiental y Competitividad Industrial, en la que la autoridad ambiental abdica de sus responsabilidades en la materia, a favor de la industria, para que sea ésta última la que, atreves de las figuras de "autorregulación ambiental", de "autodiagnósticos" y de "auditorías ambientales voluntarias", se convierta en juez y parte de sus propias acciones los casos.

6. El mismo día, el Regente publicó un acuerdo mediante el cual se "liberara" del cumplimiento de sus obligaciones en materia de impacto ambiental a casi todas las empresas, por lo que una importante coalición de organizaciones ambientalistas se vieron en la necesidad de interponer una demanda de amparo, ya que con dicho Acuerdo se modificó ilegalmente una Ley del Congreso.

7. El 23 de octubre de 1995, la SEMARNAP, emulando el ilícito del Regente pero esta vez a nivel Federal, publica un Acuerdo mediante el cual exime de sus obligaciones de evaluación previa de impacto ambiental a la gran mayoría de las industrias, previstas por la mencionada Ley General, debido a lo cual la mencionada coalición de organizaciones ambientalistas tuvieron que interponer la correspondiente demanda de amparo.

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CANADA-CHILE

NEGOCIACIONES BILATERALES PREOCUPAN A GRUPOS CIVILES

por Lucho Van Isschot, Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWG), Canadá

Los gobiernos de Canadá y Chile se encuentran en la etapa de las negociaciones para la suscripción de un acuerdo comercial bilateral que ha sido diseñado según el modelo TLCAN, y concebido como la "antesala" para la incorporación de Chile al TLC; por ende, como un avance hacia la conformación de una zona hemisférica de "libre comercio".

En respuesta, dirigentes sindicales de Chile y Canadá, medio ambientalistas y otros representantes de la sociedad civil están exigiendo que se incluyan cláusulas sociales y ambientales dentro del acuerdo. Esta línea de acción marca el término de las estrategias de los "desechar el acuerdo" que fueron utilizadas, sin éxito, para combatir el TLC Canadá-EU y el TLCAN a fines de los 80 y principios de los 90. Significa, también, un reconocimiento de que los "acuerdos paralelos" en material laboral y ambiental que Canadá firmó junto con el documento del TLCAN no tienen mucho valor.

A medida que se acerca el fin de las negociaciones, la intención de los liberales de revisar o eliminar el TLCAN está siendo desechada. Como Ministro de Comercio Internacional, Art Eggleton recientemente informó que, ya que Estados Unidos no está dispuesto a apoyar cualquier cambio al modelo del TLCAN, Canadá no intentará hacer nada tampoco al respecto.

Las conversaciones entre los gobiernos de Chile y Canadá han sido especialmente perturbadoras ya que terminan por legitimar un Código Laboral promulgado por Augusto Pinochet, el sangriento dictador que gobernó Chile durante 17 años. El legado de Pinochet es trágico: miles de activistas muertos; una tasa de pobreza dos veces más alta de lo que era en 1970; una deuda de 21 mil millones de dólares; deforestaciones masivas; uso indiscriminado de pesticidas por el sector agro-exportado; y un presupuesto militar superior al gasto fiscal de vivienda, salud y educación juntos.

Otro resultado de la época Pinochet ha sido la desregulación del sector minero. En respuesta a la crítica pública de que las compañías canadienses se están aprovechando de esta situación, George Miller, de la Asociación Minera de Canadá, recientemente declaró que "las compañías canadienses se han comprometido para respetar los más altos patrones medio ambientales, de salud, seguridad y administración, en sus operaciones tanto dentro de Canadá como en cualquier lugar del mundo".

La Corporación Nova, ubicada en Calgary está, sin embargo, haciendo sus mejores esfuerzos para desmentir a Miller. GasAndes (una empresa que es mayoritariamente de propiedad de Nova), fue conminada a suspender los trabajos de construcción de un gasoducto de 465 km. que atravesará varias áreas ecológicamente sensibles y varias comunidades rurales de la zona central de Chile. Aún cuando los trabajos del gasoducto han sido suspendidos mientras continúen las negociaciones con los miembros de la comunidad, la familia dueña del santuario ecológico y medio ambientalistas, la postura de GasAndes directamente contradice las aparentemente vacías palabras de George Miller.

Igualmente inquietante es el hecho que, anterior a la suspensión temporal, GasAndes ha conseguido a un significativo contingente de fuerzas policiales para que les brinde seguridad en el lugar, una acción que demuestra hasta qué grado el nuevo estado autoritario en Chile sigue dando respuesta a las demandas de los inversionistas extranjeros.

Recientes comentarios de Peter Munk, CEO de la Barrik Gold Corporation ubicada en Toronto (de la cual el ex primer ministro de Canadá Brian Mulroney y el ex presidente de los EU George Bush forman parte del directorio), que ha invertido grandes sumas en Chile, destacó este punto. En una reunión de los accionistas en mayo de este año, Munk abiertamente alabó a Pinochet. Después, cuando se le preguntó si él creía que, en el caso de Pinochet, el fin (léase, la rápida expansión del capital) justifica los medios (léase, el estado de terror), él contestó: "Creo que sí, porque trajo riqueza a una enorme cantidad de personas, quiero decir en mi contexto. Si le preguntas a alguien que está detenido, él te dirá que no. Pero eso es lo maravilloso de nuestro mundo: tenemos la libertad de no estar de acuerdo".

Con un CEO como Munk a la cabeza de la inversión canadiense en el mercado chileno, y hombres como Pinochet (quien sigue siendo el Comandante en Jefe del Ejército) despejando el camino, muchos creen que el gobierno canadiense tiene la responsabilidad de aprovechar las actuales conversaciones del acuerdo para promover los derechos de los trabajadores y la protección del medio ambiente en ambos países.

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NovaCorp - Noticias

por Fronteras Comunes

Los intereses de NovaCorp, con sede en la provincia canadiense de Calgary, controlan la corporación chilena GasAndes, compañía que está construyendo un gasoducto que irá del oeste de Argentina a la ciudad de Santiago. La ruta del gasoducto fue aprobada originalmente por el gobierno chileno sin la debida consideración de otras rutas alternativas más seguras y benignas por las montañas de las Andes.

Muchos residentes de San Alfonso, un pequeño pueblo ubicado a los alrededores sureños de Santiago, se opusieron a los planes de construcción. El 17 de junio, más de 150 policías y tres mini-tanques antidisturbios se enfrentaron a los 300 miembros de esa comunidad quienes se habían reunido para obstruir la entrada al Santuario Natural de Las Animas, por donde el gasoducto iba a pasar.

El 18 de junio, representantes de GasAndes se reunieron con tres miembros de la comunidad de San Alfonso. Con la ayuda del presidente de la Cámara de Representantes chilena, pudieron llegar al acuerdo de iniciar negociaciones directas. Al comienzo de las negociaciones, GasAndes convino en: reconocer el derecho de la comunidad a negociar; estudiar rutas alternativas para el gasoducto, incluyendo la propuesta de la comunidad de una ruta por el Valle Caldera; y en no valerse de su derecho a llamar a la policía para ganar acceso al sitio por seis días.

El 25 de junio, se acordó la construcción del gasoducto bordeando el Santuario en lugar de atravesarlo. También se evitará contacto con San Alfonso pues pasará 1,300 metros por arriba de la población. Sin embargo, GasAndes se negó a cambiar la ruta al Valle Caldera, alegando que tiene que cumplir con una fecha de entrega del gas destinado a la ciudad de Santiago.

GasAndes aceptó aportar un millón de dólares (EU) para un fondo para el mejoramiento de la comunidad. También habrá válvulas de seguridad en el gasoducto a cada lado de San Alfonso, y la comunidad tendrá un representante en el comité técnico de planeación de la ruta en el área. Además habrá monitoreo independiente del proceso, y financiamiento por parte de gobierno.

En general, los residentes de San Alfonso manifestaron que están satisfechos con el hecho de que ahora GasAndes les haya reconocido como portavoces válidos en el proceso de negociación. Sin embargo, tendrán que aprender a vivir con un gasoducto no deseado y con una comunidad dividida por dicha controversia. Muchos están frustrados porque no sintieron apoyo del gobierno en las negociaciones. También sienten que este proceso ha demostrado claramente la debilidad de la ley ambiental del país y la necesidad de establecer disposiciones explícitas que permitan la efectiva participación del público desde las primeras etapas del proceso, de manera que esos problemas no surjan en el futuro.

Aunque este episodio representa la primera vez en la historia de Chile que una comunidad ha negociado directamente con una compañía transnacional, algunos observadores sostienen que el asunto demuestra la voluntad del gobierno de dar a las multinacionales una carta blanca en el desarrollo de megaproyectos. Con respecto a esto, los residentes de San Alfonso creen que la capacidad de GasAndes para utilizar a la policía y/o a las fuerzas armadas para imponer sus derechos económicos sobre los intereses comunitarios pone seriamente en duda la calidad de la democracia chilena.

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CHILE

RENTABILIDAD NEGATIVA Y FUTURAS PENSIONES

por Andrés Bustos González, Confederación de Empleados Particulares de Chile (CEPCH)

El sistema privatizado de pensiones de Chile se está presentando como un modelo que otros países deben emular. Sin embargo, antes de que nadie lo copie, debería haber un examen detallado de los verdaderos costos y beneficios del sistema.

El sistema de pensiones del país fue privatizado como parte de La Reforma Previsional aplicada en 1981, y se impone en Chile luego de la puesta en marcha del Plan Laboral de 1978, en un momento de debilidad del movimiento sindical. De este modo, se privatiza la Administración del Fondo de Pensiones (AFP), y entrega la protección del trabajador y su familia a las leyes del mercado.

Gran preocupación han provocado las últimas cifras entregadas por la Superintendencia de AFP, con respecto a la rentabilidad negativa de los Fondos de Pensiones, durante el año 1995; es bueno recordar que dichos fondos son de propiedad de los trabajadores.

La rentabilidad real de las cuentas individuales alcanzó a -4% el año pasado; precisamente los más afectados son los sectores de menores ingresos. Los trabajadores que en 1995 se acogieron a jubilación vieron que sus saldos acumulados disminuyeron en el equivalente de perder cerca de dos años de cotizaciones y sin posibilidad alguna de recuperar dicha pérdida. El perjuicio es mucho mayor para quienes pensionaron por una causal de invalidez, puesto que sus beneficios serán reducidos de acuerdo con esto. También podemos asegurar que cerca de los 95.000 trabajadores que hoy día están pensionados para el régimen de retiros programados, sus pensiones para el año 96 van a ser 12 a 15% menores que las que recibieron el año 1995.

Hoy el sistema se ha transformado en un verdadero puzzle, en el que los trabajadores debemos estar preocupados del comportamiento de la bolsa, del momento oportuno para jubilar, de si conviene más el retiro programado o la renta vitalicia, y saber el momento preciso de tomar la decisión; es decir, el trabajador debe transformarse en un experto en materias previsionales. La gran mayoría de los trabajadores no está en condiciones de tomar una decisión avalada por un examen riguroso de las ventajas y desventajas sobre las distintas modalidades de pensión ofrecidas.

Un importante sector de trabajadores está prácticamente marginado de la previsión y condenado a depender de una pensión asistencial del gobierno. Así ocurre con la gran mayoría de los temporeros de la fruta, los pirquineros, los pescadores artesanales y los estibadores desempleados por la mecanización, muchos de los cuales no pueden hacer sus contribuciones mensuales. Si ello no se resuelve a la brevedad, son cientos de miles los chilenos condenados a la pobreza aguda.

Finalmente se ha acelerado el proceso de concentración de la propiedad de las AFP por parte de los grupos nacionales y extranjeros. Es así como las AFP pequeñas están siendo absorbidas por las mayores, causando la desaparición de tales fondos como LABORAL, EL LIBERTADOR, BANGUARDIA, QUALITAS, INVIERTA, PREVIPAN, FOMNTA y últimamente la AFP Plan Vital, que absorbió a la AFP Concordia. Hoy día, de 22 AFP que existían en 1995, actualmente son 15, y este proceso de concentración aumentará con la entrada en el negocio de la administración de los fondos de pensiones de los Bancos Comerciales.

De acuerdo a los índices macroeconómicos entregados por el gobierno, se señala que el crecimiento del país el año 1995 superó el 7%, con una cesantía de menos del 6%, baja inflación 8,2%, e ingreso per cápita sobre los US$5.000. Además, las empresas AFP generaron utilidades. Sin embargo, la rentabilidad de las inversiones en los fondos de pensiones durante el año 1995 es negativa.

Las actuales urgencias exigen se revise detenidamente los programas referentes a seguridad social y se establezca una política social donde el Estado vuelva a tener un rol activo, no paternalista, en el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores chilenos. No se trata de una vuelta al pasado que nadie preconiza, sino - a partir de la realidad actual - introducir modificaciones de fondo que democraticen el sistema de AFP, aumenten los beneficios a sus imponentes, establezca el aporte patronal y genere mecanismos sociales, con una participación activa del Estado, que haga posible la cobertura previsional total.

ESTADOS UNIDOS

Embargo a Cuba incita controversia

por Karen Hansen-Kuhn, The Development GAP

Una de las contradicciones inherentes en las políticas comerciales de la administración Clinton ha consistido en la reciente controversia sobre la implementación de la Ley Helms-Burton, una ley que ha ajustado significativamente el embargo de EU a Cuba. Simultáneamente con apoyar la expansión de los tratados de libre comercio en la mayor parte del continente, y la continuación del estado más privilegiado (MFN) de China a pesar de sus antecedentes en derechos humanos y laborales, el gobierno ha acordado tomar medidas adicionales para limitar las relaciones económicas internacionales con Cuba.

El famoso título del proyecto de ley, "Helms-Burton", se refiere respectivamente a los co-patrocinadores del Senado y la Cámara de Representantes de la "Ley de Solidaridad por la Democracia y la Libertad en Cuba 1996". De resultar aprobado, además de imponerse mayores limitantes comerciales, se restringiría la entrada a los EU de los empresarios extranjeros cuyas empresas tengan inversiones en Cuba. También se permitiría a ciudadanos de los EU, cuya propiedad haya sido nacionalizada por el gobierno cubano, demandar a los extranjeros que compren acciones en, administran o entren en coinversiones [joint ventures] u otro tipo de "tráfico" en esa propiedad. El proyecto de ley se estuvo debilitando en el Congreso durante meses, con anuncios de que de ser aprobado, el presidente Clinton lo vetaría. Sin embargo, el derribamiento de dos aviones del grupo de cubanos en el exilio "Hermanos al Rescate" el 24 de febrero por parte del ejército cubano, llevó al Congreso de EU y a Clinton a aprobar el proyecto de ley en cuestión de días.

Mientras que la ley es fuertemente apoyada por las directivas conservadoras, especialmente los grupos Cubano-Americanos que se oponen con vehemencia al gobierno de Castro, ésta también ha generado grandes oposiciones, incluyendo el rechazo recientemente expresado en una reunión en Canadá por el Presidente mexicano Ernesto Zedillo y el Primer Ministro canadiense Jean Chretien. El 28 de junio, se realizó una reunión ministerial de la Comisión del TLCAN sobre el tema, como el primer paso hacia un posible panel oficial de resolución de conflictos. Los gobiernos de Canadá y México sostuvieron que la ley Helms-Burton viola los acuerdos del TLCAN firmados por EU sobre las normas de inversión y servicios, así como también en aquéllos relacionados con la entrada temporal de empresarios.

Sin embargo, si se llegara a un panel formal de resolución de conflictos, EU podría citar el artículo 2102 del TLCAN, que provee excepciones para permitir a una de las partes tomar las acciones "que considere necesarias para la protección de sus intereses de seguridad esenciales." Claro que el riesgo de utilizar tal argumento es que podría servir a disminuir el interés de otros países latinoamericanos en incorporarse al TLCAN. Actualmente, muchos de ellos ven su posible membresía en el TLCAN como una protección en contra de acciones políticas o económicas unilaterales por parte de los EU.

Ambos gobiernos están considerando el hacer cambios en sus leyes para bloquear efectivamente la implementación de la ley Helms-Burton; tales modificaciones consistirían en la negación a reconocer e implementar cualquier criterio que requiera compensación de firmas que se benefician de las propiedades expropiadas de EU en Cuba. La ley también ha sido objetada por las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Organización Mundial de Comercio.

Dentro de EU la oposición a la ley ha ido ganando fuerzas. La Asociación de Manufacteros, la Cámara de Comercio de los EU, el Consejo Nacional de Inversión Extranjera y otros grupos de empresarios presionaron al Presidente Clinton a postergar el Artículo III de la ley, lo que permite demandar a las compañías extranjeras que inviertan en propiedades nacionalizadas de los ciudadanos de EU. De acuerdo a un artículo del Washington Post, estos grupos temen que la aplicación del Artículo III pondría en peligro los intereses económicos de EU en el extranjero, generando posibles reacciones vengativas. El 16 de julio Clinton anunció que ejercería su facultad de postergar la instrumentación del Artículo III, posponiendo su implementación hasta el 1 de febrero, después de las elecciones presidenciales. Enfatizó en que está de acuerdo con los objetivos de la ley, pero que piensa trabajar con gobiernos aliados para instrumentar otras medidas para aislar a Cuba. No dio más explicaciones acerca de cuáles serían las medidas o por qué esos países podrían de repente decidir apoyar la política estadounidense.

Entre los grupos civiles de Estados Unidos, el Grupo de Trabajado sobre América Latina (LAWG) -- integrado por organizaciones religiosas, de desarrollo, solidaridad y de investigación -- ha liderado la oposición a la ley Helms-Burton. En una carta del 11 de julio, 35 organizaciones participando en el LAWG instaron al Presidente Clinton a suspender el Artículo III de la Ley. "Primero que nada", dijeron los grupos, "si usted no suspende el Artículo III, la normalización de las relaciones con Cuba será casi imposible, y la miseria del pueblo cubano continuará sin disminuir...Los Estados Unidos en vez de promover interminables desacuerdos, deberían incentivar el diálogo y la reconciliación entre los cubanos y los cubano-americanos. Más aún, el pueblo de Cuba ha sufrido un embargo de casi cuatro décadas; necesitamos tener un nuevo enfoque. No importa cuales hayan sido los problemas que los Estados Unidos han tenido con el gobierno de Cuba, es evidentemente inmoral que el gobierno de los Estados Unidos se desquite con el pueblo de Cuba".

Para mayor información sobre el Grupo de Trabajo sobre América Latina (EU) -- Agrupación por Cuba (Latin American Working Group-LAWG) contactar al LAWG en el número de teléfono (202) 546 7010 o por correo electrónico en lawg@ igc.apc.org.

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ANUNCIO

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DESAFIANDO EL LIBRE COMERCIO EN LAS AMERICAS

Un proyecto de Fronteras Comunes

Elementos de este nuevo sitio Web incluyen:

• información acerca de Chile y el libre comercio
• conexcionew WWW a otros recursos sobre el comercio justo
• información en español, francés e inglés

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MEXICO

RMALC: CINCO AÑOS DE ACCION CIUDADANA

por Victor Osorio, RMALC

El 11 de abril de 1991 un grupo muy diverso de organizaciones civiles y sociales decidieron constituir formal-ente la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC). En ese momento su objetivo básico era articular una respuesta ciudadana, a nivel nacional y con sus contrapartes en Canadá y los Estados Unidos, frente a la iniciativa gubernamental de pactar un Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La construcción de la RMALC se ha producido en un escenario político extremadamente complejo, y ha sido parte de los esfuerzos por desarrollar nuevas formas de participación de la sociedad civil en asuntos de interés público. RMALC es una de las múltiples expresiones del nuevo tipo de movimientos y organizaciones civiles que han dado nuevo empuje a la lucha por la democracia y la justicia social en la década de los noventas.

A lo largo de 5 años la RMALC ha logrado consolidar como rasgos distintivos de su trabajo:

La pluralidad: RMALC ha estado integrada desde su fundación por una enriquecedora mezcla de organizaciones sociales "tradicionales" (sindicatos, agrupaciones campesinas e indígenas, grupos del movimiento urbano popular, etc.); organizaciones civiles (ambientalistas, de educación y promoción, de investigación); y de investigadores y activistas que colabo-ran de manera individual en la misma.

La flexibilidad: RMALC ha trabajado con una estructura sencilla, que ha sabido adaptarse a las necesidades que han planteado las diferentes coyunturas que ha enfrentado. La Red ha logrado mantener el principio del consenso para la toma de decisiones, desarrollando al mismo tiempo mecanismos ágiles y eficientes para poner en práctica las iniciativas acordadas en sus instancias de decisión.

La combinación de diversas formas de acción: La Red ha recurrido, en diferentes momentos, a formas muy variadas de acción política, que han incluido la difusión pública y la educación ciudadana (mediante el boletín Alternativas, materiales distribuidos por vía electrónica, libros y folletos, talleres, foros, e intervención en medios de comunicación masiva); la investigación, el análisis crítico de iniciativas y políticas gubernamentales, y el desarrollo de propuestas alternativas (todo ello plasmado en numerosos documentos que han jugado un papel relevante en la discusión de la integración económica y la apertura comercial); e intentos por influir en el proceso de negociación del TLCAN y otros acuerdos comerciales (mediante movilizaciones, actos públicos, y activi-dades de cabildeo ante instancias de decisión nacionales e internacionales).

La disposición a establecer alianzas amplias a nivel nacional: La Red ha logrado entablar un diálogo con actores muy diversos de la sociedad civil y de los partidos políticos, que en muchos casos se ha traducido en alianzas de corto, mediano y largo alcance para influir en las políticas gubernamentales de integración económica y apertura comercial. Entre esas alianzas destacan la desarrollada con grupos de pequeños y medianos empresarios, que han experimentado por particular agudeza los efectos negativos del actual modelo de desarrollo, e intentan librarse de los mecanismos de control corporativo que les obstaculizan intervenir en decisiones que les afectan directamente; y la establecida con diversas organizaciones ciudadanas que intentan realizar un aporte propio al proceso por una paz con justicia y dignidad en Chiapas.

La disposición a establecer alianzas amplias a nivel internacional: En la construcción de la Red ha jugado un papel muy importante el acompañamiento y apoyo de sus contrapartes en Canadá (en particular Action Canada Network) y en los E.U. (en particular Alliance for Responsible Trade). Con las mismas, y con otras en el hemisferio, en Europa, Asia y otras partes del mundo, la Red ha logrado establecer fuertes vínculos que han incluido el intercambio permanente de información y puntos de vista; la reflexión compartida sobre estrategias; y el desarrollo de acciones conjuntas.

La capacidad de propuesta: La Red ha acompañado su trabajo de investigación y análisis sobre las políticas vigentes de integración económica y apertura comercial, con un esfuerzo de elaboración de propuestas alternativas frente a las mismas. Los principales productos de dicho esfuerzo son la Propuesta de Renegociación del TLCAN, que incluye un conjunto de modificaciones a prácticamente cada uno de los capítulos del tratado en áras de convertirlo en un instrumento que contribuya efectivamente al comercio justo y al desarrollo sustentable -- y el Plan de Recuperación Económica y Desarrollo Sustentable, que sirviera de base al paquete de doce medidas económicas sometido a consulta pública en el Referéndum de la Libertad.

Estos rasgos no han sido fáciles de lograr. La Red ha debido bregar: con la debilidad de muchas de sus organizaciones, producto en gran medida del acoso a las que las somete el gobierno, y que les impide aportar mayores recursos humanos y materiales a la consolidación de este esfuerzo colectivo; con la renuencia de las autoridades a brindar información completa y oportuna, y a escuchar la opinión de sectores organizados que no se encuentran bajo su control; con la insuficiencia de espacios en los medios masivos de comunicación; con la incapacidad para involucrar a organizaciones del interior del país y de otros sectores potencialmente interesados en su materia de trabajo (artistas, jóvenes, comerciantes, etc.).

Entre los retos que encara la RMALC a cinco años de su creación, destacan:

• - Sostener y mejorar su trabajo de vigilancia ciudadana sobre el desempeño del TLCAN y sus instituciones, documentando sus impactos económicos y sociales, y desarrollando sus propuestas alternativas.
• - Ampliar su perspectiva, de manera que incluya el análisis y el desarrollo de propuestas alternativas frente a las políticas gubernamentales de integración económica con otros espacios geográficos (América Latina y el Caribe, Europa y la región Asia Pacífico).
• - Articular sus acciones con otras redes y organizaciones ciudadanas que impulsan propuestas en materia de reforma social y reforma política, manteniendo su identidad y potenciando su aporte específico a la construcción de una agenda a social para la transformación democrática de México.
• - Fortalecer sus relaciones con organizaciones de diversas partes del mundo con las que comparte posturas básicas en favor de mecanismos que aseguren que la llamada "globalización" no se produzca a costa del medio ambiente, los derechos laborales y sociales, y el derecho de cada nación a decidir soberana y democráticamente su futuro.
• - Fortalecerse institucionalmente, lo que incluye incrementar su membresía, hacer más regular su funcionamiento organizativo, y profesionalizar aspectos nodales de su desempeño cotidiano (divulgación, educación, enlace, investigación, etc.).

Enfrentar esos retos significa contribuir al esfuerzo por abrir espacios para la participación ciudadana en la definición e implementación de las políticas públicas, y por lo tanto a la lucha por la democracia -- inconcebible ya sin un modelo de desarrollo distinto, sustentable y justo.

CHILE

MERCOSUR: LA OTRA CARA DE LA MONEDA

por Jaime Naranjo, Diputado en el Parlamento Chileno

Nota de la editora: el artículo siguiente es un extracto de una plática presentado por el Dip. Naranjo en un foro realizado por RECHIP este año. Después, los presiden-tes de Chile, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay firmaron un acuerdo en la cual Chile entraría al Mercado Común del Sur (MERCOSUR) como miembro asociado. Los votos sobre la ratificación del acuerdo están planeados para octubre en las legislaturas de los cinco países.

Hasta hace poco tiempo estábamos todos absolutamente convencidos que nuestro debate estaba centrado en el TLCAN y todos teníamos preparada nuestra artillería para abordar este tema, cuando resulta que el país ha sido notificado que nuestro ingreso a Mercosur es prácticamente irreversible.

Si Simón Bolivar estuviera vivo, a lo mejor estaría gustoso, porque estaríamos cumpliendo su sueño de integración. Esa integración que muchos leímos y que siempre evocamos. Y, sin embargo, en las diversas fuerzas sociales, políticas y culturales de nuestro país, no se ha generado una dinámica de discusión sobre si nuestra incorporación a este bloque es ventajosa; a la poca participación que hubo para abordar el tema del TLCAN hay que añadir la nula participación que hubo para abordar el tema del Mercosur.

Sin embargo, tras este planteamiento, resulta curioso, por decir lo menos, que nuestro país vaya a cumplir diez años de crecimiento sostenido. Pocos días atrás, el Banco Central informaba que Chile tenía un ingreso per cápita de 4.700 dólares por persona. Sin embargo, cuando se le consulta a la gente de si está contenta con este estilo de sociedad que estamos construyendo, la mayoría de la gente contesta que no.

Y comienzan en este cuadro a darse situaciones como ésta de la globalización internacional. Porque es contradictorio: hoy es natural que los países se integren; sin embargo, esa integración requiere que las sociedades, al interior de esos países, estén fragmentadas y divididas.

Si uno analiza la situación que significa el Mercosur en nuestro país, desde el punto de vista rural o agrícola, el Mercosur es mucho más dañino incluso que el TLCAN.

Solamente quiero dar cifras del impacto, para que vayamos midiendo las consecuencias. Porque lamentablemente aquí se ha tratado de escuchar y de hablar sólo de las ventajas: que se abriría un mercado de 200 millones de habitantes y que así nuestra economía va a ser más competitiva.

Pero no se dice nada o muy poco sobre los costos. Porque siempre en estos acuerdos internacionales hay ganadores y perdedores.

En una parte considerable del mundo rural la base de su economía está sostenida por su actividad agrícola: en tal sentido, 240 mil pequeños propietarios chilenos viven en regiones que no tienen alternativa de reconversión. Si los multiplicamos por cuatro, ya estamos casi en el millón de personas. Entonces estamos hablando de que la mitad de la población rural de este país se va a ver afectada con nuestro ingreso al Mercosur.

Porqué va a ser afectada esta gente? Porque resulta que producir trigo en Argentina por condiciones agroecológicas naturales, -- condición de ventaja de ellos -- significa que cuando no llueve el costo de producir trigo cuesta un tercio y cuando llueve un quinto de lo que cuesta en Chile. Ese trigo es el que va a llegar a Chile. Y esos 240 mil productores campesinos, en sus 10, 5 o 4 hectáreas no saben otra cosa que sembrar trigo.

Entonces la pregunta es cómo los vamos a reconvertir, porque no hay tecnología. La pregunta que uno podría hacerse es qué regiones viven del arroz, de la remolacha y de la actividad pecuaria? La respuesta es: la séptima región: parte de la octava; toda la novena; y la décima. Esas cuatro regiones quedan desmanteladas y sin posibilidades fáciles de reconversión.

La suscripción de un acuerdo comercial entre Chile y Canadá, significará un avance en la preparación de la incorporación de Chile al TLCAN e intensificar los peores aspectos del modelo econó-mico y político actual. Mientras Chile ha sido concebido como un "milagro económico" y un ejemplo para otros países, hay un lado oscuro que ha sido sistemáticamente ignorado.

Las políticas económicas actuales han sido incapaces de generar un "desarrollo con equidad". A pesar de los diez años de crecimiento económico, ha aumentado progresivamente la desigualdad del ingreso. Según las cifras de 1994 sobre distribución salarial, los 541.000 chilenos más ricos (equivalentes al 5%) disponen de un salario equivalente al de 10 millones de chilenos.

La economía chilena está inundada por el flujo de dólares debido al crecimiento exportador, niveles de inversiones extranjeras directas y el flujo de capital especulativo a corto plazo. El resultado ha sido una valoración del peso, y una consecuencia para los exportadores a recibir menos dólares por unidad exportada. Por ejemplo, durante 1995, el sector exportador frutícola perdió cien millones de dólares, cerca del 10 por ciento del total de exportaciones, debido a fluctuaciones en la tasa de cambios. Esta pérdida ha sido compensada por los empleadores acudiendo a formas cada vez más creativas para flexibilizar el empleo y expandir el uso de trabajo eventual.

El crecimiento económico ha generado desintegración social: estas políticas han alentado un tipo de crecimiento económico exportador que genera bajos salarios, trabajos precarios y mano de obra poco calificada. La persistencia del código laboral de Pinochet, con modificaciones menores y prácticas de trabajo flexible sancionadas por él, han generado un mercado laboral en el cual 2/5 de ellas en la fuerza de trabajo reciben salarios inferiores al mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas de una familia promedio. Una gran cantidad de entradas cíclicas al mercado laboral mantiene salarios bajos. Las prácticas de trabajo infantil (aquél desempleado por jóvenes entre 13 y 17 años de edad) han aumentado en más de 50% entre 1987 y 1992. La inseguridad de los ingresos, la separación de las familias, el alcoholismo y la droga son algunos de los "daños colaterales" de la aplicación exitosa de las políticas neoliberales.

Tras 25 años, el nivel de pobreza en 1994 ha alcanzado a lo que era en 1970: 28,5% de la población. La diferencia es que ahora el ingreso por cápita es de US$ 4,500 y los pobres están agobiados por el exceso de trabajo.

Estas políticas han destruido los ecosistemas y el medio ambiente: la promoción de exportaciones y el crecimiento basado en estas últimas ha significado que 80% de las exportaciones chilenas estén basadas en la extracción y bajo procesamiento de recursos naturales. Cada uno de los polos dinámicos del modelo exportador muestra señales de colapso ecológico. El arsénico y plomo de las faenas mineras han envenenado las aguas, corriendo a bajas costeras exterminando diferentes formas de vida. Las actividades mineras en el árido norte de Chile se han apropiado del abastecimiento de agua de comunidades indígenas para sus animales y cosechas, poniéndolos en riesgo de extinción. La sobreexplotación industrial de la pesca ha eliminado especies marinas y la acuicultura del salmón ha envenenado los lagos del sur de Chile. El uso extensivo de pesticidas en la fruta de exportación en los tres valles agroexportadores han alterado la estructura cromosomática de mujeres y hombres trabajadores, aumentando la incidencia de malformaciones genéticas. El explosivo crecimiento de la explotación del bosque ha significado el término de la diversidad de la madera y celulosa, la destrucción de la diversidad biológica, la pérdida del bosque nativo y la pérdida de recursos productivos de sectores vinculados a la pequeña agricultura, mientras las tierras utilizadas para cosechas son utilizadas como plantaciones de eucaliptos artificiales y bosques de pinos que posteriormente serán exportados como astillas o fibras de celulosa para la producción de papel de fax en el norte.

El modelo exportador y la transición política ha generado una "democracia de baja intensidad", incapaz de representar los intereses populares. El dictador del régimen anterior es aún el comandante en jefe del ejército; el poder militar no se ha subordinado al civil; un tercio del senado permanece en manos de Pinochet; una representación binominal en vez de un sistema electoral proporcional impide que pequeños partidos políticos tengan su representación correspondiente en el parlamento.

Además de los "enclaves autoritarios" heredados del régimen militar, la integración de la sociedad chilena a la economía global ha actuado también para limitar la democracia.

Por una parte, el gobierno tiene una capacidad muy pequeña para determinar instrumentos básicos de políticas económicas; por la otra, la clase política cumple un papel de proporcionar estabilidad a los inversionistas productivos y financieros extranjeros, previniendo de la aparición de actores colectivos que puedan intervenir y modificar el funcionamiento del mercado. El éxito del modelo ha significado que las políticas e incluso el mismo espacio político democrático están subordinados a los requerimientos del modelo exportador y a la sensibilidad de los inversionistas extranjeros.

El lado oscuro del milagro chileno, brevemente señalado anteriormente, no se refleja en los impresionantes indicadores macroeconómicos usados en los programas de ajuste neoliberal y estructurales. Los últimos 25 años de historia socioeconómica indican que los costos del ajuste no son sólo transicionales , sino estructurales.

Los puntos anteriores demuestran que la firma de un acuerdo comercial [con Canadá] basado en el TLCAN existente generarán mayores costos sociales y ambientales. Lo más adecuado para el país sería la postergación de la suscripción del acuerdo por las siguientes consideraciones:

1. El no cumplimiento de leyes laborales y ambientales actuales. En ambos casos no hay una efectiva regulación de su cumplimiento. En el caso laboral, el código actual no contempla los derechos básicos reconocidos por diferentes organismos internacionales. En tal sentido, es fundamental la aprobación de las reformas laborales, hasta ahora pendientes en el Parlamento.

2. La no existencia de un mínimo debate ni información a la ciudadana sobre los impactos que éste podría generar. Más aún, la no existencia de estudios de impactos laboral ni ambiental refuerza este planteamiento.

3. El escaso peso efectivo de las cláusulas laborales y ambientales paralelos al TLCAN. Tales cláusulas deben ser incorporadas al interior del tratado y no como anexos, puesto que, en el caso del TLCAN, ellos han demostrado tener un escaso peso efectivo en la fiscalización de las normas.

EL MODELO MEXICANO Y LA COMUNIDAD EUROPEA: ALGUNAS PERSPECTIVES

por Alejandro Villamar, RMALC

El pasado da 13 de mayo, el pleno de ministros de relaciones exteriores de la Unión Europea (UE), reunido en Bruselas, acordó que una Comisión de Expertos prepararase un Proyecto para dar inicio a las negociaciones con México rumbo a un Acuerdo de Libre Comercio, Cooperación Económica y Concertación Política. Esta decisión representa un paso importante en el fortalecimiento de relaciones entre México y la UE.

Los antecedentes de este posible próximo paso se ubican tanto en el "Acuerdo Marco de Cooperación" que se firmó en 1991 con la UE, en las preocupaciones europeas surgidas después de la firma del TLCAN, la entrada de México a la OCDE en mayo de 1994, como de intensos cabildeos y la firma de recientes acuerdos financieros y de protección a las inversiones con España, Noruega y Francia. Y desde luego se dan en el contexto de la diversificación de relaciones comerciales de nuestro país, pero sin duda alguna, sobre todo con las necesidades apremiantes que, ante la actual crisis económica y de los compromisos financieros internacionales, tiene el modelo por flujos de capital externo y de inversiones.

Aunque los países de la UE son nuestros segundos socios comerciales, nuestra relación es inferior al 10% de los intercambios totales. Nuestra balanza comercial con la UE históricamente ha sido deficitaria; nuestras exportaciones a la UE alcanzaron en 1995 los 3,375 millones de dólares, y las importaciones 6,724 millones de dólares. El segundo es compuesto fundamentalmente de equipos motores y manufacturas, y nuestras exportaciones han sido petróleo, petroquímicas, algunas manufacturas y productos agropecuarios.

A pesar de que estudios europeos recientes señalan que México tiene un déficit global en el sector agropecuario, los temores y objeciones de algunos países europeos que han sido escépticos sobre el propuesto pacto centran en temas relacionados a esos productos. No obstante, esos mismos estudios han recomendado mantener la protección arancelaria europea para los productos agropecuarios como "...miel de abeja, espárragos, plátanos, fresas, tabaco y las preparaciones de pescados, donde su potencial de exportación - mexicano - podría afectar a los productores europeos o de ciertos socios comerciales de la UE".

Las declaraciones oficiales mexicanas pronostican que nuestro país podría aumentar sus exportaciones en al menos un 20% como resultado del acuerdo comercial con la UE y la desaparición de aranceles europeos para flores, mangos, garbanzos, químicos, medicinas, textiles, pieles y otros. No cabe duda que con tal acuerdo, algunos productos efectivamente podrían ser exportados. Sin embargo no existen elementos para pensar que de la noche a la mañana esto se pudiera alcanzar. Por ejemplo, es muy probable que en los llamados "productos sensibles" pudieran entrar pescados y mariscos a los cuales se aplicarían una liberalización "progresiva". Entre ellos sería el atún, que representa el producto pesquero mexicano con más potencial de exportación.

Aunque poco se habla del potencial incremento de las exportaciones europeos a México y su efecto en nuestra economía, algunos representantes gubernamentales europeos han hablado de su interés en la privatización y compra de plantas petroquímicas, algunas concesiones energéticas, telecomunicaciones y turísticas, así como de recuperar mercado estadounidense y latino-americano "vía México" (específicamente de parte de WW-Bietz, Peugeot-Citröen, Alcatel y otras). Funcionarios y empresarios europeos han venido realizando con sus homólogos una serie de acuerdos en materia de seguridad financiera, coinversiones y programas de capacitación, asistencia técnica y promoción a las exportaciones. En materia financiera, de lo poco que se conoce de manera pública entraña al menos dos cosas esenciales para los europeos: la libertad de repatriar los beneficios del capital; y la aceptación de un arbitraje internacional incondicionado en casos de controversias.

En cuanto a la cooperación internacional, no es ocioso señalar que la experiencia de las ex-colonias europeas que mantiene acuerdos comerciales con la UE bajo el Acuerdo de Lomé, registra la permanencia de una notoria relación de asimetría y desigualdad. Bajo dicho acuerdo, la llamada cooperación bilateral o multilateral con la UE se ha usado para obtener muy diversas concesiones en la exportación de sus recursos naturales por parte de las compañías europeas, o bien en la influencia para dirigir los procesos de la economía local. Entre los más notables ejemplos de este fenómeno se ubican: las concesiones de explotación de caladeros a la flota pesquera europea; los injustos acuerdos de importación de pescado del Senegal; o los acuerdos de la exportación de carne de res africana desde países con altos índices de desnutrición.

La otra cara de una verdadera cooperación internacional se ubica en tomar en cuenta las asimetrías económico-sociales existentes. En el caso de un acuerdo comercial, eso significaría que México tenga estatus de país preferencial y con reciprocidad diferenciada. Por la otra parte, es básico que los cuantiosos recursos financieros, técnicos y científicos de la UE se pongan a disposición del desarrollo sustentable de México y de la pesca en particular. Recordemos que los miembros de al UE son la mayoría de los países industrializados que adoptaron el compromiso en Rio 1992, durante la Cumbre de la Tierra, de aportar al menos el 0.07 porciento de su PIB para la ayuda al desarrollo sustentable de los países menos industrializados. Sería lamentable que la desperdiciáramos la oportunidad de enfatizar este punto en las negociaciones.

Mientras tanto, el gobierno mexicano ha hablado abrir un dialogo político a través de reuniones periódicas al más alto nivel de representación, así como a nivel ministerial y sectorial. Empero, durante los cabildeos realizados en el segundo semestre del año pasado, fuente europeas parlamentarias y gubernamentales expresaron su interés en la inclusión de una cláusula a la democracia, propuesta que recibió un abierto rechazo de la parte gubernamental mexicana.

Sin embargo, las profundas asimetrías económico-financieras y políticas existentes entre México y la Unión Europea podrían resultar en decisiones que son injustas para el pueblo mexicano. Un ejemplo explícito de acciones, se ha dado en los últimos meses con las declaraciones varias de primeros ministros y cancilleres europeos que nos han visitado, opinado sobre la "conveniencia" de que el gobierno mexicano profundice reformas, ajustes, privatizaciones y demás importantísimas decisiones que deberán ser de soberanía plena. En cambio, ninguno de los distinguidos visitantes ha dicho nada sobre la responsabilidad y proyectos alternativos que sus gobiernos y grandes grupos de inversionistas tienen en materia de la deuda externa mexicana, y cambio de la política ortodoxa monetarista que mantienen las organizaciones financieras internacionales.

Recordemos también que en la arena internacional y a seno de las diferentes organizaciones multilaterales, al UE ha estado presionando para que la mayoría de los países acepten diversas políticas e instrumentos jurídicos, favorables a los intereses de sus corporaciones. Entre esos instrumentos se cuentan la propuesta de un Acuerdo Internacional de Protección a las Inversiones que diversos pases subdesarrollados han rechazado argumentando que la esencia de darle al capital foráneo la cláusula de Trato Nacional, pone en riesgo la perdida de soberanía nacional en favor del capital especulativo y las grandes transnacionales.

No obstante, debemos también indicar que existe muy diversas fuerzas europeas dispuestas a establecer lazos más igualitarios que respetan a nuestra soberanía. Estos incluyen a un importante sector del Parlamento Europeo, algunos representantes gubernamentales, organizaciones de productores, y organizaciones sociales y no gubernamentales.

La naturaleza del eventual acuerdo entre México y la UE va más allá de los que conocemos como tratado comercial-financiero. De manera sintética, creemos que estamos ante la disyuntiva de que ese acuerdo pueda, o acentuar el modelo exportador, crecientemente dependiente del exterior, altamente excluyente e injusto; o bien puede ser una oportunidad para moderar, balancear y distribuir los beneficios del rumbo de desarrollo del país.

Tomando en cuenta las numerosas experiencias obtenidas en el proceso de negociación del TLCAN, así como de sus consecuencias para nuestro país, es fundamental destacar la importancia que reviste la participación más amplia de los parlamentos, los partidos políticos, los medianos y pequeños productores, así como las organizaciones sociales y no gubernamentales, en el rumbo y contenido que tenga la negociación de este eventual acuerdo entre México y la UE. Dejar la negociación en manos las fuerzas tradicionalmente representas en esas discusiones puede llevarnos a repetir errores cometidos en el TLCAN. Incrementar la participación amplia de la sociedad mexicana puede introducir los elementos esenciales para que ese eventual acuerdo pueda verdaderamente servir a los intereses más amplios y de largo alcance de nuestro país.

COMENTARIO

ESTADOS UNIDOS

EN LA FRONTERA: ESTADO DE SITIO

por Rubén Solís, Red del Sudoeste por la Justicia Económica y del Medio Ambiente/Campaña por la Justicia en la Fronteriza

La reforma de inmigración sigue siendo un tema candente en la legislación de Washington. El proyecto de ley 2.202 de la Cámara Baja propuesto por el republicano Lamar Smith (representante del Estado de Texas), fue aprobado por un aplastante voto republicano. El Senado norteamericano aprobó un proyecto de ley similar del Senador republicano Orrin Hatch (representante del Estado de Utah), con la reunión de una junta consultora para subsanar las venideras diferencias.

Activistas de inmigración insisten que el presidente Clinton no debe transformar el proyecto en ley. H.R 2202, entre otras cosas, aumentaría dramáticamente el número de agentes de la Patrulla Fronteriza EU. Lejos de enfrentar las evidentes condiciones económicas que llevan a la gente a inmigrar a los Estados Unidos, este proyecto de ley sólo servirá para aumentar la extrema tensión y militarización en la región fronteriza.

"Los discursos de Pat Buchanan sobre el cierre de las fronteras entre Estados Unidos y México repercutieron en los pasillos del Congreso de los Estados Unidos, diciéndole a los inmigrantes 'no son bienvenidos'", dice José Bravo de la Red del Sudoeste por la Justicia Económica y del Medio Ambiente, basada en San Antonio, Texas. "La retórica política nacional llegó a convertir a Pat Buchanan en campeón por restablecer la buena era de Jim Crow, los días de 'sólo blancos'. Buchanan y la derecha defienden el cierre de la frontera de Estados Unidos y México, continuando con la construcción del "Muro de Hierro de Berlín", utilizando más extensamente las fuerzas armadas tales como la Marina y la Guardia Nacional, y la construcción de grandes 'campos de concentración' para los deportados".

Según la opinión de David Cruz, organizador del Sindicato de Trabajadores Públicos del Sudoeste (Southwest Public Workers' Union- SPWU), "Esta campaña de la derecha republicana parece estar basada en el miedo, la xenofobia, el racismo y la supremacía blanca. El intento de federalizar de la propuesta 187, la aprobación sólo de leyes inglesas, el desmantelamiento de los programas de acción afirmativa, y el cierre de las fronteras forman parte del mismo clima de leyes y acciones represivas. Esta frecuente atmósfera en la frontera es el resultado de un racismo institucionalizado y de la propaganda racista, difundida por personas como la Senadora Diane Feinstein (Demócrata - California), Gobernador Pete Wilson (Republicano - California), Lamar Smith, Alan Simpson, Pat Buchanan y los David Dukes del Ku Klux Klan".

"El clima represivo instaurado en las fronteras puede verse de muchas maneras, pero es de particular importancia la realidad que la Patrulla Fronteriza representa en si misma". explicó en una entrevista Cipriana Jurado, co-presidenta de la Campaña por la Justicia en la Frontera de la Red del Sudoeste por la Justicia Económica y del Medio Ambiente." Las brutales golpizas en Riverside, California, las innumerables muertes de personas como resultado de las persecuciones a alta velocidad de la Patrulla Fronteriza que han aparecido en las noticias durante semanas, son ejemplos del accionar programático de la Patrulla Fronteriza".

La frontera de 3.000 millas es compartida por cuatro estados del sudoeste de los Estados Unidos y seis estados limítrofes del norte de México, controlada y guarnecida por la Patrulla Fronteriza del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS). Para poder llevar a cabo un control más riguroso en la frontera, hace algunas décadas fueron establecidos estrictos y permanentes puntos de inspección en las carreteras. Estos controles están ubicados en todos los caminos que conducen a las ciudades o pueblos fronterizos 25 millas tierra adentro tanto en México como en los Estados Unidos. El antiguo residente del sur de Texas y dirigente comunitario y laboral, Chavel López, condena la naturaleza de las prácticas represivas en la frontera. "Las Patrullas Fronterizas tienen perros rastreadores en la mayoría de los controles y casi rutinariamente lo llevan hasta tu auto en busca de drogas. Además, hay puntos de inspección relámpagos ubicados al azar en los caminos de diferentes distritos o ciudades, donde detienen a todos los autos en el medio de la noche y revisan a sus ocupantes, abren las maleteras en busca de drogas"

Al INS se le reconoce el haber lanzado operaciones de tipo militar, tales como la operación Wet Back (Espalda Mojada) en 1950. Más recientemente, en el sector de San Isidro de California y Baja California era la operación Gatekeeper (Portero), en la zona desértica que une a Anapra, Coahuila en México y el Parque Sunland, Nuevo México y en El Paso/Ciudad de Juárez fue la operación Hold the Line (Contenga la Línea).

De acuerdo a los medios de comunicación, en el último año el INS y la Patrulla Fronteriza han puesto a más de 1.000 nuevos agentes en la frontera sur, teniendo en la frontera más de 5.000 agentes. En un año de recortes en presupuestos federales sin precedentes, un ítem del presupuesto fue aumentado significativamente -- el presupuesto del INS, y el de su Patrulla Fronteriza.

Como co-presidente de la Campaña por la Justicia en la Frontera de la Red del Sudoeste por la Justicia Económica y del Medio Ambiente, he viajado a lo largo de toda la frontera de los Estados Unidos y México; puedo decir que la frontera en general ha sido repentinamente "militarizada" en su función, aún cuando esto no sea una política o ley. En las fronteras se vive un virtual "estado de sitio". Las Patrullas Fronterizas te detienen sólo por parecer "sospechosos", lo que casi siempre se traduce en ser moreno(a).

En tal ambiente de represión y terror, los nervios se están poniendo tensos. Hace poco tiempo, un oficial de la Patrulla Fronteriza en el Paso Eagle, en el área de Texas, resultó muerto en un tiroteo. Este hecho con seguridad traerá una represalia en contra de la Patrulla Fronteriza. Cada vez, los residentes del área fronteriza temen por la intensificación de la no declarada "guerra de la frontera". Organismos como la Guardia Nacional y la Marina de los Estados Unidos ya están siendo utilizados en las fronteras. Ellos realizan numerosas faenas secundarias, tales como abastecer con efectivos en zonas secundarias de búsqueda, soldar y construir el "Muro de Hierro de Berlín".

Esta frontera comienza 400 metros mar adentro en el Océano Pacífico, dividiendo el Parque Internacional de la Amistad, el que solía conectar ambas fronteras en una sola playa y recorre a Tijuana entera. El muro de más de tres metros de altura está hecho con el acero de las trincheras sobrantes de la Guerra de Vietnam, y está cubierto de filudos alambres de púas. Cada ciertos intervalos la muralla tiene cámaras de video y luces de gran alcance, las que son controladas a distancia por control remoto desde los centros de comunicación, donde además, las Patrullas Fronterizas también monitorean los sensores para detectar personas. Estos sensores son materiales excedentes de la Guerra de Vietnam, usados para detectar el tráfico en el Sendero de Ho Chi Minh. El "Muro de Hierro de Berlín" ya existe en Tijuana/San Diego, California, en Nogales/Douglas, Arizona y en Nogales/Agua Prieta en Sonora, México, y ahora entre Anapra, Chihuahua y el Parque Sunland, Nuevo México. Lentamente, el "Muro de Hierro de Berlín" se va extendiendo desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México.

CANADA

EL PRESUPUESTO FEDERAL ALTERNATIVO: UNA PROPUESTA CIVIL

por Bruce Campbell, Centro Canadiense de Políticas Alternativas

Los último dos años el Centro Canadiense de Políticas Alternativas y CHOICES, una coalición por la justicia social en Winnipeg, han patrocinado la iniciativa por un Presupuesto Federal Alternativo. Reuniendo a lo largo del país a activistas, académicos, representantes del mundo laboral, mujeres, iglesias, estudiantes y otros grupos de acción social tanto a nivel nacional como a nivel local, el proyecto busca combatir la corrosiva ortodoxia de la inevitabilidad.

Partimos del principio de que las alternativas existen y que los presupuestos son documentos políticos que reflejan las prioridades y valores de aquéllos que los diseñan. Reconocemos que las realidades actuales imponen restricciones en las políticas nacionales; sin embargo, rechazamos la línea neoliberal de los gobiernos nacionales que son incapaces -- en un mundo de capitales variables y grandes deudas -- de hacer otra cosa que no sea reducir, desregular, privatizar, y esperar lo mejor.

Nuestra alternativa se basa en una estrategia de tres puntas: creación de empleos; inversión social; reequilibrio del sistema de impuestos. Se basa en el principio de que un gobierno puede desarrollar acciones, comenzando con la reducción de los impuestos y mantenerlos bajos por parte del Banco de Canadá, así como también guardar una porción mayor de la deuda gubernamental para que quede en manos nacionales en vez de extranjeras. Propone un número de medidas para regular el flujo de capitales: por ejemplo, reducir el límite actual de las inversiones extranjeras en dinero por pensiones de impuesto subsidiado; y medidas para incentivar a las instituciones financieras a invertir en actividades creadoras de fuentes laborales productivas (en oposición de especulativas) en la comunidad canadiense en lugar de hacerlo en el extranjero. Esto detendría los recortes en el sector público y comenzaría a reconstruir nuestra dañada infraestructura social.

Finalmente, nuestra alternativa aumentaría los impuestos de manera selectiva a aquellos grupos que estén en mejores condiciones de pagar: corporaciones lucrativas y canadienses ricos. Nuestras medidas incluyen impuestos de transferencia de la riqueza, nuevas categorías marginales de impuestos para quienes ganan más de 100.000 dólares anuales (canadienses), terminando con algunos de los más antieconómicos subsidios a corporaciones o evasiones de éste. Debe destacarse que 80 porciento del nuevo ingreso para financiar nuestro presupuesto vendría de una economía revitalizada con más personas traba-jando, una empresa más saludable pagando más impuestos y menos personas dependientes de los servicios sociales. Nuestro plan de presupuesto eliminaría el déficit y, más importante aún, tendría un impacto significativo en la deuda hacia el año 2001.

Reconociendo la necesidad de cooperación entre las naciones para enfrentar los problemas que plantea la integración global y los capitales variables, los esfuerzos nacionales por crear nuevos empleos y elevar las condiciones de vida, nuestras alternativas incluyen un impuesto Tobin para regular el flujo de capitales privados especulativos, así como también las medidas internacionales para limitar la capacidad del capital transnacional para bajar las normas sociales y medio ambientales y los impuestos, medidas tales que requerirían cambios fundamentales al TLCAN, por ejemplo. Por último, sin cooperación entre las naciones para establecer mecanismos que promuevan un desarrollo estable, justo y sustentable, el éxito de los esfuerzos nacionales se vería disminuido.

Los mercados de capitales vetarían nuestro presupuesto porque está fuera de la ortodoxia neoliberal e incitarían a la demanda del dólar que llevaría a un caos económico? Creemos que no. Habría un período de inestabilidad financiera de corto alcance. Anticipamos una pequeña reducción en el valor del dólar canadiense y un pequeño aumento en la inflación -- ambos efectos son positivos en término de nuestras metas. Sobre todo, cualquier costo a corto plazo sería muy valioso, debido a los beneficios que traería a la mayoría de los canadienses.

El desafío más importante, creo, es romper con el hechizo ideológico que nos hace enfrentar pasivamente lo que se ha denominado "incontrolables fuerzas globales". Este mito poderoso socava a la democracia y fomenta una política de resignación y desesperación. El Presupuesto Federal Alternativo ayuda a romper con el hechizo.

Para más información acerca del Presupuesto Federal Alternativo, o para recibir copias del documento marco y materiales de divulgación, contactar a la ACN en el número (613)233 1764.

CANADA

MARCHA DE MUJERES: 8.000 PERSONAS EN EL PARLAMENTO

por la Red de Acción Canadá

Después de un mes de visitar cerca de 90 comunidades a lo largo de Canadá, la Marcha de Mujeres en Contra de la Pobreza llegó a Ottawa, con una heroica bienvenida. La Marcha consistió en tres caravanas de mujeres quienes habían viajado desde el norte, sur y oeste de Canadá para reunirse en la capital. Durante el evento culminante de la Marcha, delegadas del Comité de Acción Nacional por la Condición de la Mujer y el Congreso del Trabajo Canadiense (CLC) presentaron una lista 15 demandas a su gobierno, entre ellas la creación de una Ley de Seguridad Social Canadiense, un Programa Nacional de Cuidado de los Niños, una verdadera estrategia de creación de empleo, y Cdn$50 millones en fondos para servicios feministas para poner un fin a la violencia.

Miles de mujeres se unieron a las caravanas en Ottawa durante los dos días de celebración y discusión de estrategias y acciones.

Mujeres de todos los sectores se apostaron en las calles de los departamentos de LeBreton en Ottawa y saludaron a las caravanas con silbidos, banderines y aclamaciones. Estas fueron acompañadas por sus amigos y familiares, desde donde partieron más de 8.000 personas, portando las quince demandas, durante el último kilómetro de recorrido hacia el Parlamento. La manifestación fue recibida al ritmo de Bread and Roses (Pan y Rosas) interpretada por la legendaria cantante sindicalista Arlene Mantle. Nancy Riche del Congreso del Trabajo Canadiense, Sunera Thobani del Comité de Acción Nacional por la Condición de la Mujer, Francoise David de la Federación de Mujeres de Quebec, Jennifer Story de la Federación de Estudiantes Canadiense y muchas otras mujeres estimularon a la gente a mantenerse activas y a seguir luchando por los ideales que motivaron la movilización.

Para mayor información sobre la Marcha y sus éxitos, contactarse con CLC al (613) 521 3400 o con NAC al (416) 932 1718 o ver la página web que da información sobre la Marcha en http://www.women.ca/womens-march

E.U. - MEXICO

CASO SONY MUESTRA INSUFICIENCIA DEL ACUERDO PARALELO

En enero de 1994, las trabajadoras de Sony de la planta Nuevo Ladero, México, se organizaron para exigir justas elecciones sindicales y para poner fin a la obligación de trabajar los días sábados y domingos. El sindicato oficial frustró sus esfuerzos, tras lo cual la compañía despidió a las activistas. Posteriormente, cuando otras trabajadoras intentaron formar un sindicato, el gobierno mexicano se negó a reconocerlo, por lo cual las trabajadoras involucrados fueron despedidas por la compañía.

Como respuesta, la Coalición pro Justicias en las Maquiladoras (CJM), el Fondo Internacional por los Derechos Laborales, el Comité de Servicio de los Amigos Americanos y la Asociación Mexicana de Abogados Democráticos se unieron para entablar una demanda por violación de los derechos laborales ante la Oficina Nacional Administrativa (National Administrative Office-NAO) de Estados Unidos. Estas oficinas fueron establecidas en Canadá, México y Estados Unidos para recibir las quejas por violaciones a los derechos laborales bajo el Tratado de Cooperación Laboral de América del Norte (North American Agreement on Labor Cooperation-NAALC), el acuerdo paralelo laboral del TLCAN.

Tres casos han sido presentados hasta la fecha en la NAO de EU. Las otras demandas presentadas en contra de Honeywell y General Electric, fueron rechazadas al inicio del proceso por la NAO, no encontrando evidencias suficientes como para inculpar al gobierno mexicano de no haber hecho cumplir sus leyes laborales, la pieza clave al interior del Tratado de Cooperación Laboral de América del Norte. En este caso, la NAO golpeó a Sony con el arma más"poderoso" disponible para el tipo de violación -consultas entre los ministerios del trabajo de los tres países. En el siguiente testimonio ante los ministros, la directora ejecutiva de la Coalición pro la Justicia en las Maquiladoras, ex trabajadora de la planta Sony involucrada en el caso, comparte su evaluación de los resultados.

Aunque las consultas públicas se realizaron subsecuentemente en Estados Unidos y México, éstas no resultaron en ninguna compensación para las trabajadoras afectadas. Ninguna de las trabajadoras despedidas han sido recontratadas y no se han atendido las demandas de las demás trabajadoras. Mientras tanto, los querellantes pidieron a la Oficina Nacional Administrativa la reapertura de las consultas sobre el acuerdo con prejuicios en las cortes laborales de Tamualipas, petición que recientemente ha sido negada por el Secretario de Trabajo EU Robert Reich.

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TESTIMONIO DE MARTHA OJEDA, COALITION PRO JUSTICIA EN LAS MAQUILADORAS PRESENTADO ANTE LA TERCERA CONSULTA MINISTERIAL, 29 DE FEBRERO DE 1996

Es difícil que la NAO acepte una demanda sobre un caso de violación de los derechos laborales, pues éste debe reunir muchos requisitos, entre ellos, no sólo la violación a los Derechos Laborales, sino la postura del gobierno de México ante esas violaciones. La postura del gobierno mexicano es que garantiza a los trabajadores que se respeten sus derechos.

La NAO analizó muy detenidamente el caso Sony y después de un estudio durante meses se encontraron todos los elementos requeridos. Se consideró el caso Sony con motivos dignos de preocupación y aceptaron la demanda.

Se entrevistaron los Secretarios de Trabajo de cada país. El Sr. Reich y Santiago Oñate [ex Ministro del Trabajo, actual dirigente del PRI] se reunieron en Ottawa en mayo de 1995, donde acordaron que se realizaran tres consultas ministeriales: una en México, D.F. el 15 de septiembre de 1995; la segunda el 8 de noviembre de 1995; y la tercera y última ahora el 29 de febrero y 1 de marzo de 1996.

En el primer Seminario en México, DF el 15 de septiembre de 1995, se manifiesta la demagógia y contradicción del panel mexicano, en donde después de una polémica entre ellos mismos, manifiestan abiertamente que, "Nunca se permitirán los registros independientes cuando exista otro sindicato aún cuando éste no cumpla con los objetivos por lo que fue fundado," como defender a los trabajadores. Dan como solución unas elecciones internas dentro del mismo sindicato, cuando ése fue el motivo que originó el problema.

En el segundo Seminario en San Antonio, Texas el 8 de noviembre de 1995, el Sr. Nestor de Buen [un abogado laboralista mexicano, consultor del gobierno] reconoce que hubo irregularidades en la aplicación de la Ley pero que existen otros medios para solucionar los problemas, que a nadie le gusta estar sentado en el banquillo de los acusados y menos internacionalmente, pues existen otros foros de exposición, que seamos cuidados con la soberanía nacional de cada país.

Después de dos años de espera resulta, al final de esta tercera consulta que solamente ha sido, "Un caso de exploración de la legislación de cada país para tratar de mejorar las leyes," más nunca para resolver un caso concreto.

Se mencionó mucho respetar la soberanía de cada país, cuando el Artículo 311, letra L del Acuerdo es muy específico al establecer que las violaciones serán procesadas de acuerdo a la legislación de cada país. Además, considero que la bandera de la dignidad humana está por encima de la soberanía de todos los países.

El caso Sony resultó un hecho histórico que fue muy útil para el estudio, investigación, difusión y más que nada de mucha resonancia. Todo esto nos motiva a reflexionar en el giro político que tomó el caso Sony.

Los trabajadores en México están frustrados por la impotencia ante los intentos y las luchas infructuosas por organizarse, no podemos disfrazar nuestra realidad porque nuestro problema no es la Ley de México sino las personas que las aplican.

De qué han servido dos años de lucha y de espera de las trabajadoras de Sony?

Antes éste fallo de la NAO, NOS PREGUNTAMOS: Qué posibilidades, qué garantías, que esperanzas, podrán tener los trabajadores en México para organizarse, para tratar de mejorar sus salarios, sus condiciones de vida? Cuando la Ley de México se los permite y la confabulación del gobierno con el sindicalismo corporativo en una Junta de Conciliación y Arbitraje, que deja mucho de ser imparcial SE LOS IMPIDE?

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CHILE - CANADA

Carta De Solidaridad Nacional e Internacional con la Huelga de Mineros de Lota

La carta a continuación se distribuyó en una conferencia de prensa realizada en Santiago el 6 de junio, y fue entregada a la Embajada de Canadá al día siguiente. Asi mismo, varias organizaciones canadienses entregaron dicha carta a funcionarios de su país. Hemos incluido esta carta en Nuestra América como ejemplo del trabajo conjunto que organizaciones en distintos países están realizando en torno a un objetivo común. Acciones como estas facilitan la construcción de una coalición hemisférica.

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A Jean Chretien, Primer Ministro de Canadá

Al Parlamento Canadiense

Al pueblo de Canadá

En el marco de las negociaciones Chile-Canadá para la suscripción de un acuerdo comercial bilateral, las organizaciones abajo firmantes desean expresarles lo siguiente:

1. Los hechos recientes acaecidos en nuestro país, especialmente la crisis de la zona del carbón y la huelga de los trabajadores de Lota, ilustran claramente que Chile no reúne las condiciones mínimas para enfrentar los costos sociales y ambientales que dicho acuerdo conlleva;
2. La crisis de la zona del carbón, que afecta a decenas de miles de trabajadores y a una extensa región de nuestro país, ilustra que Chile carece de los mecanismos adecuados para enfrentar los costos y exigencias de una mayor apertura comercial. La ausencia y/o limitado carácter y lo inadecuado de los Fondos de Reconversión Productiva, de los Fondos de Compensación y los Fondos para la recalificación laboral evidencian que una vez más los costos de la apertura están siendo a expensas de los trabajadores y sectores más pobres de nuestro país. No existen ni los mecanismos ni los programas adecuados para enfrentar el impacto regional de la intensificación de la globalización.
3. El conflicto de los mineros de Lota demuestra que en el país no se respetan los convenios internacionales del trabajo garantizados por la OIT, en cuanto a:

• el despido colectivo sin justificación legal;
• el atropello reiterado de derechos laborales; y
• el reiterado uso de prácticas antisindicales ilegales por parte de los sectores empresariales.

Por lo tanto, y debido a que el acuerdo bilateral con Canadá constituye una antesala para la incorporación de Chile al NAFTA, y a que ni este acuerdo bilateral ni el NAFTA ofrecen adecuados mecanismos de salvaguardia de los derechos laborales y ambientales, solicitamos que se detengan las negociaciones. Esta suspensión debe permitir resolver adecuadamente la situación de estabilidad laboral para el conjunto de los trabajadores de la cuenca del carbón; asimismo, debe garantizar la superación del actual Código Laboral, de manera de garantizar que los costos de las "ventajas comparativas del libre comercio" no tengan que pagarlas los trabajadores y los sectores populares.

COORDINADORA SINDICAL FRENTE AL NAFTA Y OTROS BLOQUES COMERCIALES

Colegio de Profesores A.G.

Confederación Bancaria

Confederación de Empleados Particulares (CEPCH)

Confederación Minera

Confederación Nacional Sindical Unitaria y del Agro El Surco

Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos (CONSTRAMET)

Confederación de la Construcción

Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CONUTT)

Confederación Textil (CONTEXTIL)

Confederación Bancaria

Confederación de Trabajadores del Comercio y el Vestuario (CONFECOVE)

Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (CONFENATS)

Coordinadora de Sindicatos de Base Cerrillos-Maipú

Dirección General del Crédito Prendario

Empresa Cámara de Comercio de Santiago

Federación Nacional de Trabajadores

Federación del Plástico (FUTRAPLAST)

Federación de Trabajadores de la Sexta región (FETRASER)

Federación de Trabajadores del Club Hípico

Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores (FENASIT)

Federación Nacional de Sindicatos de ENAMI ( FENASEN)

FRAYME - La Cruz, 5 Región

Red Chile de Acción por una Iniciativa de los Pueblos - RECHIP (CODEPU, Taller Piret, IEP, Servicio Chileno Cuáqueros)

Sindicato CIC

Sindicato N2 COCESA

Sindicato N1 COCESA

Sindicato Administración de Edificios, Región Metropolitana

Sindicato N1 de ENAMI - Ventanas

Sindicato FAS,

Sindicato Inter Textil

Sindicato N3 Centenario

Sindicato Nacional Banco O'Higgins

Sindicato de Trabajadores de Manufacturas de Polietileno

Sindicato Caja de Compensación 18 de Septiembre

Sindicato Johnson's N1

Sindicato N2 Banco de Chile

Sindicato MAPOLENO

Sindicato Porcelanas Florencia

Sindicato Good Year

Sindicato Universal Plastics

Sindicato Agro Maule

Sindicato Frigoríficos O'Higgins

Sindicato N1 Ferrocarriles

VTR Comunicaciones

APOYAN LA DECLARACIÓN LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES CANADIENSES:

Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos (United Steel Workers)

Sindicato de Trabajadores de la Comunicación, la Energía y el Papel (CEP)

Coalición Common Frontiers- Canadá

Asociación Legal Ambiental de Canadá (CELA)

Consejo de Inter-Iglesias de Derechos Humanos para Latinoamérica (ICCHRLA)

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La responsabilidad de la publicación de NUESTRA AMERICA es asumida de forma rotativa por: la Red Chile por una Iniciativa de los Pueblos (RECHIP); la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC); The Development GAP (D'GAP), parte de ART, y Common Frontiers-Red de Acción Canadá (ACN).

Este número fue coordinado por Common Frontiers con traducciones de la RECHIP y D'GAP.

Editores............................ Patty Barrera (Common Frontiers-ACN)) Karen Hansen-Kuhn/Steve Hellinger (D'GAP)

Victor Osorio (RMALC) Coral Pey (RECHIP)

Diseño y producción............Kathleen Sugar and Cynthia Power (D'GAP)

NUESTRA AMERICA provee información y perspectivas sobre temas relacionados con el comercio y la integración económica en el continente. Las opiniones expresadas en NUESTRA AMERICA son de los escritores y no necesariamente reflejan las posiciones de las organizaciones afiliadas. Las contribuciones son bien recibidas.

© Verano 1996 Vol. 1, No. 2

Donde se puede contactarnos:

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