Un boletin trimestral de la Red Hemisférica para el Desarrollo Sustenable y el Comercio Justo
Bienvenidos a NUESTRA AMERICA, una publicación de la Red Hemisférica para el Desarrollo Sustentable y el Comercio Justo.
La Red Hemisférica agrupa a organizaciones ambientales, sindicales, religiosas, de agricultores, de mujeres, de consumidores, y ONGs con trabajo en temas de desarrollo y políticas públicas, que coinciden en enfrentar las actuales propuestas oficiales en pro del libre comercio con alternativas diseñadas para lograr un Desarrollo Sustentable y un Comercio Justo en las Américas.
La Red Hemisférica está compuesta por la Red de Acción Canadá (ACN), la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), la Red Chile por una Iniciativa de los Pueblos (RECHIP), la Alianza para un Comercio Justo (ART) y otros grupos ciudadanos en los Estados Unidos, así como por diversas organizaciones de Centro y Sudamérica y el Caribe.
NUESTRA AMERICA intenta fortalecer la comunicación y el entendimiento mutuo entre los miembros de la Red Hemisférica y otros grupos interesados, para contribuir al desarrollo de estrategias conjuntas y apoyar esfuerzos civiles relacionados con el comercio y la integración económica. En los Estados Unidos, esta publicación reemplaza a AftaThoughts, un boletín producido hasta ahora por The Development GAP para ART.
La responsabilidad de la producción y traducción de NUESTRA AMERICA será asumida de forma rotativa por Common Frontiers-ACN, The Development GAP (parte de ART), RMALC y RECHIP. Sus comentarios y contribuciones son bienvenidos.
MEXICO===============================================
Referéndum de la Libertad: una estrategia económica de alternativa para el desarrollo de México
por Andrés Peñaloza Méndez, RMALC
Al concluir 1995, las estadísticas muestran que los saldos de la crisis en México serán por demás desastrosos:
contracción de alrededor del siete por ciento en la actividad económica;cierre de más de veinte mil empresas;un millón y medio de trabajadores cesados;caída de los niveles de vida de la población a niveles de hace una década e incluso, en algunos casos, a los que existían hace veinticinco años; así como el incremento geométrico de la delincuencia en un cuarenta por ciento este año, porcentaje que antes se alcanzaba en cuatro y aún en diez años. Además, hubieron mayores problemas sociales como los expresados en los movimientos de deudores de la banca, estudiantes, trabajadores, campesinos e indígenas.
En medio de la crisis se trasladan cuantiosos recursos públicos en apoyo a las corporaciones privadas en perjuicio del gasto social y del crecimiento económico. En 1996, banqueros y especuladores nacionales y extranjeros, ciertos empresarios, sobretodo, los de la construcción y los de la industria automotriz, recibirán en apoyos diversos el equivalente al diez por ciento del producto interno bruto.
Ante el empeño del gobierno mexicano, con el apoyo de los organismos financieros internacionales y del gobierno de los Estados Unidos, de mantener a toda costa la política neoliberal que ha provocado la crisis, aduciendo que no hay otra salida más que profundizar los cambios estructurales, con base a un severo programa de ajuste, es que, entre el 21 de septiembre y el 22 de noviembre de 1995, cerca de medio millón de ciudadanos refrendaron con su firma la estrategia económica alternativa para el desarrollo de México que ocho grupos: Alianza Cívica; Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio; Foro Cambio Empresarial; Asociación Nacional de Industriales de la Transformación; la Unión de Organizaciones Regionales Campesinas; la Unión de Productores Agrícolas, Industriales, Comerciantes y Prestadores de Servicios El Barzón; la Confederación Nacional de Organizaciones Cafetaleras; y el Foro Permanente de Acción y Resistencia contra la Crisis sometieron a la consideración de la sociedad mexicana a través del llamado Referéndum de la Libertad.
La estrategia económica alternativa establece tres objetivos:
a) salir de la crisis al través de un proceso de crecimiento, con baja inflación, que a la vez de preservar la planta productiva incremente los niveles de empleo e ingreso. Para lograr la reactivación económica se proponen cinco medidas: reorientación del gasto público; reforma fiscal; revisión de la función del Banco de México y con ello de la política monetaria y cambiaria; instrumentación de una política de tasas de interés a la baja y; financiamiento del desarrollo a partir del ahorro interno.
b) consolidar el mercado interno, para lo cual se proponen cinco medidas: programa de recuperación gradual del poder adquisitivo de los salarios; solución al problema de las carteras vencidas; suspensión de los procesos de privatización; fomento al sector agropecuario y forestal e; instrumentación de una política industrial que apoye el desarrollo y la asimilación de capacidades tecno-lógicas.
c) reorientar las relaciones de México con el exterior, particularmente en lo que toca a la apertura comercial y al tratado de libre comercio norteamericano y al problema de la deuda, lo anterior para hacer viable el crecimiento y la consolidación del mercado interno establecido en la nueva estrategia de desarrollo.
Qué enseñanzas podemos destacar de esta iniciativa ciudadana? Destacaría las siguientes:
1) se demostró ante la opinión pública que sí hay otro camino para salir de la crisis y que la estrategia alternativa es viable, eficaz y necesaria;
2) es posible desarrollar un proceso de educación popular y de reflexión colectiva sobre un tema aparentemente complicado como es la política económica;
3) se puede hacer una campaña muy exitosa, con escasísimos recursos, apoyada por cadenas de promotores donde la imaginación dictaba el tipo de promoción;
4) se puede introducir el tema de política económica y social en el debate de la llamada reforma del Estado.
En 1996 las organizaciones convocantes al Referéndum de la Libertad deberán proyectar la voluntad del cerca del medio millón de mexicanos y mexicanas que se pronunciaron por el cambio de la política económica neoliberal en vigor, para ello se tiene:
1) el diálogo y las acciones que le llevan a cabo en marco de las pláticas de paz en San Andrés de los Pobres, Chiapas y relacionado con ello en los foros convocados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional;
2) los foros y mesas que se tienen previstas en el Congreso de la Unión para la reforma del Estado y en donde se ha definido un punto acerca de la reforma económica y social y;
3) las acciones que las propias organizaciones convocantes al Referéndum de la Libertad se den por si mismas, como es el caso de las pláticas de las organizaciones de deudores, encabezadas por El Barzón, con las autoridades del gobernación y losbanqueros y, en la gestión de una audiencia con el titular del Poder Ejecutivo Federal.
Notas
1. Entre 1980 y 1990 se observó un crecimiento de 47.7 por ciento en materia delictiva al pasar de 1,190 delitos por cada cien mil personas a 1,698 en 1990. Entre 1990 y 1994 la delincuencia se incrementó 40 por ciento y en 1995 el aumento oscilará entre 40 y 45 pro ciento, alrededor de 3,336 delitos por cada cien mil habitantes. Ver el artículo de Rafael Ruiz Harrel, la "Seguridad ciudadana," en el libro Seguridad pública: Combatir el crimen sin agredir a la sociedad, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, H. Cámara de Diputados LVI Legislatura. Pág. 39-45.
2. El costo fiscal de los programas de saneamiento financiero de instituciones financieras y de la red de autopistas concesionadas ascenderá al 5.1 por ciento del PIB proyectado para 1996. En relación al PIB, el costo financiero de la deuda pública interna y externa equivaldrá al cuatro por ciento y los estímulos fiscales para ciertos sectores, como el automotriz, al 0.5 por ciento.
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La responsabilidad de la publicación de NUESTRA AMERICA es asumida de forma rotativa por: la Red Chile por una Iniciativa de los Pueblos (RECHIP); la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC); The Development GAP (parte de ART); y Common Frontiers-Red de Acción Canadá.
Este número fue coordinado por The Development GAP con traducciones de la RMALC. El próximo número será coordinado por Common Frontiers con traducciones de RECHIP.
Editores.................Patty Barrera (Common Frontiers-ACN)) Karen Hansen-Kuhn/Steve Hellinger (D'GAP)
Victor Osorio (RMALC) Coral Pey (RECHIP)
Diseño y producción.............Kathleen Sugar (D'GAP)
NUESTRA AMERICA provee información y perspectivas sobre temas relacionados con el comercio y la integración económica en el continente. Las opiniones expresadas en Nuestra América son de los escritores y no necesariamente reflejan las posiciones de las organizaciones afiliadas. Las contribuciones son bien recibidas.
© febrero de 1996 Vol. 1, No. 1
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NUESTRA AMERICA también está disponible electrónicamente en la conferencia trade.strategy de PeaceNet y en unas páginas web incluyendo: http://www.developmentgap.org
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MEXICO==================================
Crónica de una crisis anunciada
por Salvador Peniche, RMALC
El signo mas relevante del esquema socio-económico legado por mas de una década de políticas neoliberales en Mexico es la vulnerabilidad.
En lo económico, las políticas de la denominada "modernización" actuaron con precisión en el desmantelamiento de la base productiva tradicional. En lugar de la ineficiente economía proteccionista del "Estado Benefactor" se construyo un modelo subyugado al mercado mundial.
En lo político, el salinismo cerró los ojos a las demandas de la democratización e intento dejar intacto el aparato político autoritario del "milagro mexicano ". Hoy este sistema cae por su propio peso con el riesgo de exacerbar la violencia latente en el hambre y enojo del pueblo.
En lo social, el impacto del descenso en los niveles de bienestar de la población en áreas como salud, alimentación, vivienda, educación, etc. han llevado al país a la peor crisis socioambiental de su historia moderna cuyas consecuencias están aun por verse.
El origen de la debacle económica se centra en la "reconversión industrial" que impulso la elite tecnócrata en un nuevo pacto político con los intereses transnacionales. Tal estrategia puso al país en un virtual estado de shock al obligar al ineficiente aparato productivo nacional a obtener niveles de productividad propios del capitalismo industrializado.
Al abandonar el esquema de protección arancelaria - que culmina con la creación del Area Norteamericana de Libre Comercio - sin ofrecer programas eficientes de apoyo para la reestructuración (reequipamiento, recalificación de la mano de obra, políticas fiscales y financieras de emergencia, etc) se puso en marcha un proceso de destrucción del aparato productivo del país.
Solo las empresas vinculadas estratégicamente con el capital transnacional pudieron adaptarse a las nuevas condiciones. El resto de la economía nacional, la columna vertebral del país, los sectores generadores de mas del 70% del empleo entró en descomposición.
Por otro lado, el desmantelamiento del sistema de gestión y control estatal, el remate del patrimonio nacional y la eliminación de las protecciones constitucionales a la inversión extranjera que se establecieron en la firma del Tratado de Libre Comercio, pusieron a los intereses de la población en la indefensión ante las poderosas fuerzas económicas de la globalización.
Siguiendo con la estrategia neoliberal y como respuesta a la caída del ahorro interno (a menos del 16% del PIB en la era salinista), la economía se vio orientada a la única fuente disponible de recursos para el desarrollo: la inversión extranjera. Ante la escasez crediticia mundial, la competencia por capitales y dadas las características de la abandonada planta productiva el acceso se vio restringido a la inversión de cartera.
Con el fin de atraer capitales, el gobierno reformó el sistema financiero nacional. La liberalización de las tasas de interés, la eliminación del encaje legal, la legalización de las operaciones de mercado abierto fueron tan solo unas de las medidas perfiladas a convertir a Mexico en un paraíso bursátil. En el clímax del salinismo 70% de los 50 mil millones de dólares de inversión extranjera se encontraban en la especulación.
Con las medidas mencionadas arriba, la vulnerabilidad de la economía nacional se consumó. Durante el sexenio salinista se incubó la crisis que estallo los primeros días de la administración del presidente Zedillo.
Mientras duraban los recursos del llamado "fondo de reserva" obtenidos por la sangría fiscal, los recortes a los programas sociales y la venta de paraestatales creció el festín bursátil y el déficit comercial pudo financiarse. La causa de la crisis de diciembre de 1994, fue el haber ignorado la magnitud y gravedad del problema estructural de la economía mexicana. La ineficiente economía nacional llegó a importar 30 mil millones de dólares mas de lo que exportaba (cerca del 10% del PIB), y por ello las reservas nacionales se esfumaban. Paralelamente, por la desesperación de captar recursos frescos se generó una peligrosa hipertrofia en el monto de tesobonos en la estructura de la bolsa (documentos de ganancia rápida cotizados en dólares). Todo lo anterior puso al país al borde de un profundo abismo financiero.
El gobierno reaccionó con la última variable económica del teorema que le quedaba, la variable que aplica todo el peso de la crisis a los trabajadores: el tipo de cambio. Abaratando el valor del trabajo de los mexicanos por vía de la devaluación (que hoy llega a mas del 250% con relación de diciembre de 1994) el gobierno paga los costos de la irracional entrega de la economía nacional a los intereses transnacionales.
En esencia, las estrategias de emergencia ocasionan los mismos desequilibrios estructurales que hacen vulnerable a la economía nacional: a) la depresión del mercado interno en aras de la "competitividad" en los mercados internacionales y de la "salud de las finanzas gubernamentales"; y b) lo anterior como garante para la afluencia de la inversión extranjera de cartera. El modelo hace depender con más severida del futuro nacional del desempeño de la Bolsa de Valores.
Los efectos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de emergencia han sido:
decremento en flecha de las importaciones por el encarecimiento del dólar; decremento del flujo de inversión extranjera (solo 3 mil millones de dólares a 10 meses del estallido de la crisis);estancamiento productivo (decrecimiento del 7% del PIB);alto desempleo abierto (del 6.8%) e inflación; altas tasas de interés; ycaída de las reservas internacionales A finales de 1995 y a tan solo unos meses de la puesta en marcha del PND y tras la firma de la nueva y cupular "Alianza para la Recuperación Económica " el Ministro de Hacienda Guillermo Ortiz concedió que México aún esta lejos de una recuperación (La Jornada, 5 de diciembre de 1995, pág. 47). Según Ortiz, se "corrigieron" los desequilibrios que originaron el estallido de la crisis de diciembre (i.e. desaparecieron el déficit comercial y la hipertrofia de Tesobonos en la Bolsa de Valores) pero existe gran incertidumbre en diversos sectores del país sobre el futuro económico. Esto es así porque no se distingue la manera en que se podrán corregir los desequilibrios estructurales propios del neoliberalismo con más políticas neoliberales. La solución zedillista no explica cómo se habrá de reactivar la economía nacional con las medidas que llevaron al país a la debacle. Sin una política industrial, con un régimen impositivo descapitalizador, con un problema agudo de carteras vencidas en el sistema bancario, con una aguda carencia de inversión tanto interna como externa y con una depresión del mercado interno debida a la contracción salarial la economía del país esta paralizada.
Tal parece que el modelo, prendido de alfileres esta puesto tan solo para continuar con la sangría de recursos que significa cumplir con las obligaciones externas. El modelo neoliberal ha demostrado en los hechos en que consiste la perdida de la soberanía nacional al poner a trabajar al pueblo mexicano para satisfacer a los intereses corporativos como en los tiempos de la colonia.
ESTADOS UNIDOS===============================
El "Fast Track" se empantana, pero el debate sobre el comercio en sigue en pie
por Karen Hansen-Kuhn, The Development GAP
Mientras llega a su conclusión el segundo año del TLCAN, los planes del gobierno de Estados Unidos para extender el acuerdo a todo el hemisferio, se han detenido bruscamente. El "Fast Track" parece estar en hibernación al menos hasta principios de 1997, empantanado en medio de debates rencorosos en torno a si deben incluirse temas laborales y ambientales en las negociaciones comerciales. Una iniciativa de ley para ampliar los beneficios del TLCAN en cuanto a ciertos productos determinados, incluyendo así a Centroamérica y al Caribe, está en entredicho por un tiempo indeterminado. Entretanto, los miembros del Congres o presentaron otra iniciativa que responsibilizaría a la Administración del cumplimiento de algunas de las promesas que hizo durante el debate en torno del tratado.
Todos estos sucesos presentan un contraste marcado con las declaraciones eufóricas que hizo la Administración Clinton hace un año en la Cumbre de las Américas. En esta reunión de los líderes hemisféricos, el presidente Clinto estaba en pos de cumplir el sueño del expresidente Bush en el sentido de lograr un acuerdo comericial que cubriera desde Anchorage, Alaska, hasta la Tierra de Fuego. Empero, a pocos días después del pronunciamiento de Clinton, el peso mexicano se devaluó de manera grave. Ello, junto con las medidas de austeridad planteadas en el paquete de rescate financiero otorgado por la Tesororía de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI), provocó una profunda depresión económica en México, disminuyéndose aun más los sueldos de los trabajadores mexicanos así como las exportaciones a México, lo que contribuyó, a su vez, a la pérdida de empleos en Estados Unidos.
En un reporte emitido en la víspera del segundo aniversario de la aprobación del TLCAN, la cual se efectuó por la Cámara de Representantes el 17 de noviembre de 1993, el Instituto de Estudios de Política (IPS, por sus siglas en inglés) detalló el impacto del Acuerdo sobre los trabajadores estadounidenses y el medio ambiente. Los autores del estudio encontraron que el número de trabajadores certificados bajo el programa de Asistencia de Ajuste Transicional, relacionado al TLCAN, se ha duplicado en tan sólo un ano. Ese programa proporciona recapacitación y otros beneficios a los que pierden su plaza de trabajo debido al incremento de productos importados o desplazamientos en la planta productiva como resultado del TLCAN. Los trabajadores de las industrias electrónica y textil, las cuales emplean principalmente a mujeres y a gente de color, han vivido los despidos más fuertes, aunque en general los trabajadores rurales se han visto afectados con mucho más frecuencia que los urbanos. El IPS también reveló que "un número desproporcional de empresas que contribuyen a las emisiones tóxicos, están reubicando sus instalaciones, y con ello sus consiguientes problemas ecológicos, a México".
Existen evidencias de creciente inconformidad pública en los Estados Unidos con respecto del TLCAN. Un sondeo reciente, realizado por la empresa Times Mirror, descubrió que el 55 por ciento de la población cree que los acuerdos comerciales tales como el TLCAN dañan los prospectos de empleo en EU, mientras que el 36 por ciento sienten que los acuerdos aumentan la tasa de empleo en ese país. Estas cifras están a la inversa de las obtenidas en el año pasado, cuando sólo el 32 por ciento de los encuestados creían que los acuerdos comerciales empeoraban la situación laboral en EU, mientras que el 52 por ciento creía que los acuerdos eran benéficos.
La nueva percepción por parte del pueblo estadounidense, junto con el golpe de timón congresional que han propinado los republicanos, ha alterado el debate en torno a asuntos comerciales. Según reportó Inside NAFTA, el líder republicano del Senado y también precandidato presidencial, Bob Dole (Kansas)--historicamente, un defensor acérrimo del libre comercio--dijo en un discurso legislativo del 3 de noviembre: "Creo que sería un error ampliar la autoridad 'fast-track' en este momento ... Hay muchas razones por ello, pero la principal es el fracaso total del presidente Clinton en explicar al pueblo norteamericano por qué necesitamos otro acuerdo comericial ahora".
Los republicanos se han negado de plano a conceder el estatuto de "fast-track" a los nuevos acuerdos si ellos permiten la inclusión de asuntos laborales y ambientales en las negociaciones comerciales. La Administración y los demócratas congresionales, por otro lado, han rechazado excluir esos temas de los debates "fast-track". El impase implica que la legislación que aborda la autoridad "fast-track" probablemente no se considere hasta después de las elecciones presidenciales en noviembre de 1996.
Se postergó también la deliberación sobre la Lay de Seguridad Comercial en la Cuenca Caribena (CBSTA, por sus siglas en inglés), la cual otorgaría los beneficios del TLCAN a los países centroamericanos y caribenos. Los republicanos de la Cámara de Representantes intentaron incorporar esa propuesta legislativa a la iniciativa "Reconciliación del Presupuesto", pero luego abandonaron la idea debido a la falta de mecanismos financieros adecuados así como la oposición de ciertos fabricantes de textiles. Todavía no queda claro si se votará sobre la CBSTA antes de las elecciones, sin embargo el senador Bob Graham (demócrata de Florida) tiene planeado añadir una enmienda a la iniciativa que autorizaría un proceso de petición pública para remediar violaciones de derechos laborales y de propiedad intelectual. Este proceso permitiría a los sindicatos, ONG's y demás interesados, impedir que los países violadores de esos derechos reciban los beneficios estipulados en la iniciativa CBSTA.
El retraso en conceder la autoridad "fast-track", sin embargo, no implica que el debate congresional en torno al comercio esté en entredicho. El 16 de noviembre, la representante Marcy Kaptur (demócrata de Ohio) y el senador Byron Dorgan (demócrata de North Dakota) someterion al Congreso la "Ley de Responsibilidad TLCAN". De ser aprobada, esta iniciativa requiriría la retirada de Estados Unidos del TLCAN, a menos que la Administración pudiera comprobar que desde la implementación del acuerdo: han mejorado el mercado laboral y el nivel de vida en EU; la manufactura nacional está en ascenso; hay mejoramiento en cuanto a la salubridad de comestibles importados y la salud pública en la región fronteriza EU-México; no se ha dado un incremento significativo del narcotráfico en los países suscritores del TLCAN; y que haya mejoramiento en cuanto a la democracia electoral y la libertad de expresión y asociación en México. La propuesta legislativa no abarca los derechos laborales. Expandir el TLCAN a otros países quedaría proscrito hasta que se cumplan los requisitos de certificación.
También, la iniciativa ordenaría que el presidente renogociara ciertos incisos del TLCAN. Por ejemplo, el presidente tendría que renegociar el acuerdo que obliga al mandatario a que estabilice el déficit en la balanza comercial con cualquier socio del TLCAN cuando excede el 10% del valor de los productos estadounidenses exportados a ese país; y que "mitigue los efectos adversos de cambios rápidos o sustaciales en el tipo cambiario entre el dólar estadounidense y la moneda de cualquier otro socio del TLCAN". El presidente también se vería forzado a renogociar los términos del acuerdo que rige la importación de trigo, trigo fanfarrón y cebada de Canadá, la cual se revertiría a los niveles pre-TLCAN, y impedir que se importe los productos agrícolas procedentes de los países TLCAN siempre y cuando ellos signifiquen un desplazamiento injusto en la producción interna. Si el presidente no cumpliera con esas condiciones, la retira da de EU del TLCAN sería obligatoria.
Es difícil vaticinar si tal iniciativa se aprobrobaría por el Congreso, dado el actual clima político, pero lo cierto es que la propuesta estimulará un debate vigoroso sobre el impacto que ha tenido el TLCAN hasta la fecha. Si este debate desembocará en un renovado espíritu nacionalista y proteccionista o impulsará relaciones comerciales justas y sustentables, dependerá en buena medida de los esfuerzos de activistas estadounidenses por darle forma al discurso
ESTADOS UNIDOS===============================
EPI: Trabajadores pierden, emprasas ganan en E.U.
En los Estados Unidos, como en muchos demás países en las Américas, el efect o de "goteo" ("trickle down", bajo cual política los incentivos fiscales a empresas resultarían en más empleos y otros beneficios para trabajadores) que prometieron los economistas neoliberales aún no se materializa. En su lugar, se ha dado un efecto de "goteo hacia arriba" ("trickle up"), en el cual ingresos se han desviado de los trabajadores a los propietarios de empresas. Un reporte dado a conocer en septiembre de 1995, intitulado "Ganancias al alza, sueldos a la baja: las pérdidas de trabajadores rinden enormes ganancias para empresas", elaborado por Dean Baker y Lawrence Mishel del Instituto de Política Económica (EPI, por sus siglas en inglés), demuestra que, desde 1989 los sueldos reales en EU se deterioraron a la vez que las ganancias de la iniciativa privada alcanzaron un nivel récord.
Los autores del reporte explican que en los últimos años, los sueldos han estado cayendo y los ingresos se han repartido de manera cada vez más desequilibrada. Los sueldos horarios, ajustados conforme a la tasa de inflación, están estancados o en declive para la gran mayoría de trabajadores en E.U., especialmente para el 80 por cienteo de hombres y el 70 por ciento de mujeres que se colocan en la parte inferior de la escala de ingresos. Los sueldos horarios promedios de los hombres tra bajadores cayeron en el 6.1 por ciento entre 1989 y 1994.
Al mismo tiempo, la desigualdad entre los trabajadores aumentó. Los hombres que no tienen un título universitario, los cuales constituyen el 75 por ciento de la fuerza de trabajo masculina, vivieron el descenso de ingresos más drámatico: los ingresos de los hombres que no se graduaron de la preparatoria se vieron reducidos en el 11.2 por ciento en el lapso entre 1989 y 1994, mientras que los hombres trabajadores que obtuvieron el diploma de la preparatoria y los que tienen algunos estudios universitarios (sin alcanzar el grado de licenciado), ganaban 3.6 y 5 por ciento menos, respectivamente, que en 1989. Aun los hombres con títulos universitarios experimentaron un decaimiento salarial de 0.4% en ese lapso.
A las mujeres les fue relativemente mejor, con un aumento de sueldos promedios de 0.8 por ciento entre 1989 y 1994. Las mujeres, empero, siguen ganando sueldos muy inferiores a los que tienen los hombres. Según calcula el EPI, en 1995 el sueldo promedio de las mujeres alcanzó tan sólo el 78 por ciento del promedio de los hombres.
Es de esperarse un descenso salarial en una recesión económica, sin embargo la economía de E.U. en los años noventa ha gozado de un ritmo de crecimiento bastante saludable. Baker y Mishel encontraron que las tasas de utilidades netas (descontando los impuestos) fueron las más altas de los últimos 25 años, una tendencia que se aceleró aun más en 1995. Las utilidades netas para el sector empresarial no agropecuario fueron de 7.5 por ciento en 1994, en comparación con el promedio de 3.8 por ciento que se tenía de 1952 a 1979. Esto se debe, en parte, a reducciones de la carga impositiva que datan de principios de los ochentas, pero las utilidades brutas (sin descontar los impuestos) también aumentaron de forma significativa. Los autores descubrieron que las ganancias empresariales se elevaron porque las firmas lograron reducir sus costos, en particular, el costo de labor.
Según el EPI, de esas mayores utilidades no resultaron mejoras de efeciencia o productividad. El crecimiento de productividad se mantiene en aproximadamente el mismo nivel que se tenía en los años setenta y ochenta, y no se ha dado un incremento en la tasa de crecimiento de inversiones. De hecho, la inversión como porcentaje del PIB se ubica en el 1.5 por ciento, el nivel más bajo desde la segunda guerra mundial.
"El desafío que encara a los que definen la política económica-- concluyeron Baker y Mishel--es no sólo mantener o mejorar el actual crecimiento productivo, sino también asegurar que aumentos futuros se traduzcan en ganancias para la gran mayoría".
CHILE-CANADA=================================
Redes civiles instan la democratizacíon de las discusiones Chile- Canadá
Nota de la Editora: La carta que sigue fue entregada al Ministro de Comercio de Canadá al inicio de las negociaciones entre Chile y Canadá. Cartas parecidas fueron entregadas por sindicatos y grupos ambiantales de los países.
Red Chile de Acción para una Iniciativa de los Pueblos
RECHIP
25 de enero de 1996
Excelentísimos señores
Eduardo Aninat, Ministro de Hacienda de la República de Chile
Roy MacLaren, Ministro de Comercio Internacional de Canadá
Estimados señores:
Les escribimos en esta oportunidad para plantearles nuestras preocupaciones sobre las negociaciones del acuerdo bilateral Chile - Canadá.
Vemos que el tratado bilateral constituye una antesala al NAFTA debido al bloqueo actual en EE.UU. producido por el retraso del fast-track.
Estas negociaciones nos dan la oportunidad de remediar las carencias de los acuerdos complementarios, lo que significa el incluir resguardos ambientales y laborales en el tratado principal, así como los mecanismos para una mejor regulación y reforzamiento. Ustedes han dicho que por este camino se puede avanzar más rápido para el ingreso de Chile al NAFTA. En tal sentido, los instamos a incluir cambios en las leyes laborales y ambientales que tiendan a mejorar las falencias que hoy presenta la actual legislación chilena, antes de que cualquier tratado sea subscrito.
Asimismo, deberíamos buscar que se mantenga la ley de inversión chilena (D.L.600), en el sentido de retener en el país los capitales invertidos durante un año como mínimo.
En el caso chileno, las importaciones de productos alimenticios desde Canadá deberían ser parte de la discusión, puesto que estas ponen en peligro nuestra seguridad alimentaria y los precios de los productos agrícolas nacionales.
Igualmente, se deben contemplar resguardos para las mujeres, la precariedad y flexibilidad laboral (expresada entre otros efectos, en el trabajo a domicilio, las condiciones de seguridad insuficientes, y la falta de estabilidad en el empleo), el uso de pesticidas, la protección al medio ambiente, y la sobrevivencia de las comunidades locales, seriamente afectadas por la crisis de los recursos hídricos.
También se debe prevenir la erosión del sistema social en ambos países y trabajar sobre su mejoramiento. Como lo han manifestado los representantes gubernamentales, Chile es uno de los países con mayor brecha económica entre ricos y pobres, y esta distancia en vez de reducirse, aumenta anualmente.
A nuestro juicio, es inaceptable negociar bilateralmente sobre la protección de los intereses de los principales inversionistas mineros y exportadores canadienses en Chile, en vez de centrarse en las validas preocupaciones que hemos planteado.
Solicitamos a las autoridades negociadoras de ambos países:
- una información concreta a la ciudadanía sobre las implicancias del tratado bilateral y los planteamientos oficiales tendientes a la protección de los recursos naturales y bienestar de los trabajadores de ambos países.
- una democratización de las negociaciones.
- que el inicio de las negociaciones esté sujeto al estudio de la situación laboral y ambiental en las minas, las zonas agrícolas, los bosques y las aguas en ambos países.
Los firmantes representamos a organizaciones sindicales, ambientales, de pueblos originarios, cristianas, de ambos países que estamos trabajando en conjunto, para tratar de fomentar la participación ciudadana en los procesos de negociación de los acuerdos y bloques comerciales que nuestros países están enfrentando.
Atentamente,
Red Chile de Acción por una Iniciativa de los Pueblos, RECHIP (IEP, Taller Piret, Servicio Chileno Cuáqueros, Instituto Andino Americano, CODEPU)
Comisión Sindical - Coordinadora Nacional frente al NAFTA
Coordinadora Nacional Indianista, CONACIN
Common Frontiers-Red de Acción Canadiense, ACN (grupo de trabajo donde participan los siguentes y otros: CAW, Sindicato de Trabajadores Metalurgicos, Congreso de Trabajadores Canadiense, OXFAM, Coalición Ecuménica por la Justicia Económica, y otros )
cc: Hon. Art Egglenton, in-coming Minister of International Trade
Hon. Andre Oullett, Minister of Foreign Affairs
Hon. Lloyd Axworthy, in-coming Minister of Foreign Affairs
Sr. Eduardo Aninat, Ministro de Comercio International de Chile
Mr. Keith Christie, Lead Negotiator NAFTA Accessions
Mr. Marc Lortie, Canadian Ambassador to Chile
Ms. Goldie Schermann, Second Secretary Commercial Affairs, Canadian Embassy, Chile
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Las consecuencias ambientales del libre comercio
por Ken Traynor, Canadian Environmental Law Association
El ascenso de una agenda generalizada de desregulación en Canadá constituye la principal consecuencia ambiental de los dos primeros años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esto exige una lucha de tiempo completo sólo para mantener, en la medida de lo posible, el actual marco de protección ambiental, a pesar de sus deficiencias.
Desafortunadamente, el gobierno canadiense repite cada vez más el mantra corporativo de la desregulación, argumentando la necesidad de hacer al país competitivo en el espacio económico continental emergente inaugurado con la firma d el TLCAN. Las herramientas necesarias para enfrentar los verdaderos problemas ambientales que vivimos -- desde el calentamiento global hasta los efectos tóxicos de las hormonas sintéticas, pasando por la tala de bosques ancestrales -- están siendo sacrificas en el altar del dogma del libre comercio/competitividad.
Es importante establecer claramente que la convergencia de las visiones gubernamental y corporativa en apoyo de estándares "voluntarios" no cuenta con apoyo público. De hecho, encuestas de opinión y estudios de firmas respetables apoyan la exigencia de más y mejores regulaciones ambientales.
Dos veces al año el Consejo de Ministros Canadienses de Medio Ambiente (CCME, por sus siglas en inglés), compuestos por el ministro federal y los ministros provinciales encargados del tema, encarga el más amplio muestreo de opinión pública a nivel nacional sobre temas ambientales. El reporte de septiembre de 1995 de dicha encuesta demuestra que:
el 50% de los encuestados considera que, a largo plazo, la salud ya se está viendo afectada por el deterioro ambiental; la mayoría cree que Canadá ha realizado sólo un 30% del esfuerzo necesario para contar con un medio ambiente seguro; el 78% señala que las regulaciones ambientales deben fortalecerse y hacerse más estrictas, incluso en tiempos de recesión económica;el 64% considera que se debe asumir el peor de los escenarios en relación al calentamiento global, y adoptar ya acciones significativas; yel 56% considera que los riesgos químicos no están suficientemente regulados; el 70% piensa que son necesarios más fuertes regulaciones en materia de envases; y, el 81% cree que el desarrollo sustentable debe ser una "prioridad central". Los canadienses apoyan el fortalecimiento de, y un mayor gasto en, la protección ambiental; esto es algo que el gobierno sabe pero no está dispuesto a acatar. No existen ni una exigencia demostrable ni un apoyo público para que la burocracia gubernamental confie en el "voluntarismo" como el acercamiento preferencial para regular la actividad de las corporaciones. Los hechos apoyan esa perspectiva.
En el verano de 1994, en el Estudio de Manejo Ambiental Canadiense, la firma de consultoría KPMG reportó que el 95% de las corporaciones encuestadas están de acuerdo en que las regulaciones constituyen el factor motivador más importante para el desarrollo de un sistema de manejo ambiental. El 69% senaló también la responsabilidad personal de directores y funcionarios! El reporte concluye: "este estudio revela que sólo un pequeno porcentaje de las organizaciones canadienses están en la actualidad manejando efectivamente los riesgos ambientales".
Esta carencia de capacidad de las corporaciones para manejar los riesgos ambientales constituye un serio motivo de preocupación, dado que la implementación del Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos, el TLCAN y la nueva Organización Mundial de Comercio, han desatado un número de inquietantes tendencias.
La primera es un cambio de énfasis, del nivel regional o nacional, al nivel continental e internacional. Este cambio produce impactos en las instituciones, complica el establecimiento de estándares y congela la posibilidad de elaborar nuevas leyes, y, probablemente lo más importante, restringe el acceso popular a la toma de decisiones.
La segunda es el desplazamiento del lenguaje de la sustentabilidad por el lenguaje de la competitividad. La tercera es un movimiento de la regulación legal hacia los compromisos voluntarios, tanto a nivel nacional como internacional, lo que hace mucho más difícil asegurar prácticas corporativas positivas en materia ambiental. Un cuarto e importante factor ha sido el impacto sobre la capacidad de regular la reducción de los presupuestos gubernamentales.
El movimiento gubernamental hacia estándares "voluntarios" desenmescara la retórica que presenta al TLCAN como "el más verde" acuerdo comercial jamás firmado, y demuestra que sólo era una cortina de humo. El inició de negociaciones con Chile, en las que el papel canadiense se reduce al de pretexto de los Estados Unidos para incorporar a ese país al TLCAN, pueder ser visto también como un intento por eternizar la desregulación en Chile también.
En respuesta, debemos asumir la necesidad de vincularnos más allá de las fronteras desarrollando estrategias conjuntas para confrontar el poder de las corporaciones en los bosques y minas de Chile, y para confrontar ese mismo poder en nuestro país.
CANADA===========================
Una opición para el cambio
por Marcella Munro, Action Canada Network
Las corporaciones y sus aliados en el gobierno nos han estado diciendo durante años que no existe alternativa para evitar la disminución del gasto en programas sociales. No hay opciones, la globalización nos obliga a reducir, cortar y a hacer lo mismo con menos.
Los expertos de los medios canadienses, como Andrew Goyne del Toronto Globe and Mail, aseguran que no hay nuevas ideas colectivistas. Programas sociales?, impuestos justos?, responsabilidad corporativa? Estas ideas están extintas, tanto como los dinosaurios y los hippies. El Ministro Canadiense de Finanzas, Paul Martin;, el Premier de Ontario, Mike Harris; y el Premier de Alberta, Ralpa Klein, están de acuerdo: tenemos que acostumbrarnos a los apuros financieros, los recortes, y a este oscuro escenario, y ponerle buena cara porque las cosas podrían ser peores.
Por segundo año consecutivo se ha producido un desafío a este dogma, en la forma de un Presupuesto Federal Alternativo (AFB, por sus siglas en inglés), logrando lo que las personas del Departamento de Finanzas en Ottawa consideran imposible: ofrecer a los canadienses una opción real para restablecer las prioridades del país, lo cual no podía suceder en momento más oportuno. La mayoría de nosotros estamos aún pasmados por la pérdida masiva de empleos y por la recesión económica del año pasado. Con todos los indicadores señalando hacia otro severo recorte en el Presupuesto Federal de 1996, un amplio grupo de organizaciones y personas de todo Canadá ha presentado propuestas sólidas que demuestran que el presupuesto puede ser elaborado de forma diferente.
Grupos tan diversos como el Centro Canadiense de Políticas Alternativas (CCPA por sus siglas en inglés), un grupo de investigadores y académicos, y Cho!ces, una coalición local por la justicia social basado en Winnepeg, Manitoba, se han conjuntado y logrado engranar los aportes de varios cientos de activistas y académicos a lo largo del país, en un documento práctico y comprensivo. De hecho, éstos dos grupos han coordinado el trabajo de las 30 redes participantes.
El gobierno federal está tomando decisiones que no crearán empleos, ni reducirán la deuda, y que por el contrario nos mantendrán en el camino de la declinación económica. Los presupuestos federales del gobierno liberal han: generado más desempleo y subempleo; cortado nuestros apreciados programas sociales, como los de salud y educación; y hecho más ricos a los ricos y más pobres al resto de nosotros.
El AFB contiene una estrategia para la reducción de la deuda completamente diferente, basada en la necesidad de poseer y controlar una proporción mayor de nuestro propio endeudamiento. En lugar de atacar a los pobres con recortes adicionales en los programas sociales, el presupuesto alternativo ataca la deuda y el déficit mediante una reducción en las tasas de interés. Lo cual contribuirá a una mayor generación de empleos y a reducir el monto de la recaudación fiscal que debemos dedicar cada año al pago del servicio de la deuda, dinero que podría ser mejor gastado en inversión social. Empleos decentemente pagados son la clave de cualquier recuperación económica que podamos esperar ver, y estas propuestas presupuestales podrían significar la creación de 800,000 nuevos empleos en un lapso de dos años.
El presupuesto alternativo propone también la inversión directa en el futuro de los programas sociales, mediante la creación de Fondos de Inversión Social. En contraste con la actual reversión de los avances en las áreas de salud, educación y servicios sociales, estos fondos expandirían el papel del gobierno federal en el establecimiento de prioridades y en el sostenimiento de programas sociales en estos campos y en otros -- como la atención a la niñez -- donde es desesperadamente necesario.
Otras medidas del presupuesto alternativo podrían ayudar a distribuir de manera más justa la riqueza y a incrementar nuestra fortaleza financiera en el largo plazo. Una de ellas supone la compra de nuestra deuda, sacándola de los mercados de dinero externos, para hacer a Canadá menos vulnerable a los caprichos de las políticas fiscales neoconservadoras. Redefinir el sistema fiscal es también una prioridad, y el presupuesto alternativo propone un paquete de reformas al mismo que inician con impuestos a la riqueza, la eliminación de privilegios fiscales para las corporaciones con altas ganancias, y exenciones para quienes no pueden pagar.
Dese a sí mismo un respiro.
El AFB es un presupuesto técnicamente sustentado y fiscalmente responsable, que no se basa en una teoría económica abstracta, obtusa y anacrónica, sino en la realidad y las necesidades de los canadienses. En fechas recientes, encuestas tras encuestas han demostrado que los canadienses han renunciado de mala gana a su visión social. La gente de este país se siente derrotada e insegura, pero bajo la delgada capa del sentimiento anti-impuestos y de desprecio por los pobres, permanece el gigante dormido de la conciencia canadiense: comprometida aún con los programas sociales y con una política fiscal justa, y aún en la búsqueda de un mejor camino. Los autores confían en que su Presupuesto Federal Alternativo contribuya a despertar a ese gigante dormido, recordándole al público de la multitud de decisiones del gobierno en materia de presupuesto y por tanto en el establecimiento de prioridades económicas y sociales.
Para más información acerca del Presupuesto Federal Alternativo, o para recibir copias del documento marco y materiales de divulgación, contactar a la ACN en el número (613)233 17 64.
ESTADOS UNIDOS=======================
Activistas presionan por una apertura en el BECC y en NADBANK
por Harry Browne, Inter-Hemispheric Resource Center
Más de dos años después de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entró en vigor, el banco creado para ayudar a limpiar la frontera México-Estados Unidos no ha aprobado aún el financiamiento para un sólo proyecto.
Seis proyectos han sido certificados como elegibles para financiamiento por el Banco Norteamericano de Desarrollo (NADBank), con sede en San Antonio, y que fuera autorizado por un acuerdo paralelo al pacto de libre comercio. Cuatro docenas de otros proyectos se encuentran bajo revisión en la Comisión de Cooperación Ambiental de la Frontera (CCAF, o BECC, por sus siglas en inglés), con sede en Ciudad Juárez. Dicha Comisión debe certificar los proyectos como elegibles para financiamiento o garantías de préstamo -- no donaciones -- de la NADBank.
Se espera que los primeros paquetes de financiamiento del NADBank sean liberados a fines de este invierno o durante la primavera. Los mismos significarán menor es tasas de interés para los responsables de los proyectos -- plantas de tratamiento de aguas residuales en Brawley, California, y Ensenada, Baja California -- y presumiblemente menores tarifas de drenaje para los usuarios industriales y residenciales de esas ciudades. El banco aportará aproximadamente dos mil millón es de dólares del monto de capital disponible para proyectos fronterizos de manejo de aguas y desechos sólidos, cuando -- y solo sí -- se encuentren enteramente financiados por los gobiernos de México y los Estados Unidos.
En otras áreas, también, las nuevas instituciones están aún en la etapa de arranque. La BECC se encuentra diseñando o apenas iniciando la implementación de criterios y procedimientos clave para la certificación de proyectos, la participación pública, y el manejo confidencial de la información. Los esfuerzos de la Comisión para aportar asistencia técnica a las comunidades demasiado pequeñas o pobres, para evaluar cómo pueden aplicar para un financiamiento del NADBank, se encuentran todavía en pañales. El NADBank y la BECC no han firmado aun un memorándum de entendimiento en el que se detalle cómo van a trabajar conjuntamente. Además, pasarán todavía varios años antes de que se conozca la demanda real de capital del NADBank -- el que, después de todo, deberá ser reintegrado mediante cargos a los usuarios --, especialmente entre las comunidades fronterizas de bajos ingresos.
El proceso es aún más lento en las sucursales nacionales de "ajuste comunitario" del NADBank, mismas que cuentan con 22.5 millones de dólares en donaciones y préstamos, disponibles para comunidades adversamente afectadas por el TLCAN. La sucursal de los E.U., localizada en Los Angeles, California, no tiene oficina ni plan de trabajo, y cuenta con un sólo empleado. La sucursal de México deberá establecerse en Saltillo, Coahuila, y se encuentra en un estado similar de debilidad.
A pesar de las dilaciones, muy pocas organizaciones no gubernamentales (ONGs) de la frontera están presionando para que las nuevas instituciones aprueben los proyectos con más celeridad. Paradójicamente -- dado el papel que las ONGs han jugado en la denuncia de los problemas ambientales en la región -- muchas parecen haber estado haciendo más bien lo contrario. Igualmente sorprendente es el hecho de que el interés entre las ONGs, especialmente en México, parece incrementarse más que enfriarse. Un vistazo a la historia de las nuevas instituciones fronterizas puede ayudar a explicar está situación.
Una breve historia
Con la Región Fronteriza contaminada permaneciendo como un monumento a los peligros ambientales de un crecimiento industrial no planificado -- es decir, bajo el régimen del libre mercado --, el NADBank y la BECC constituían piezas clave de los esfuerzos de la administración Clinton para presentar al TLCAN como "el más verde acuerdo comercial jamás firmado". Un paquete de nuevos préstamos del Banco Mundial y compromisos federales ya existentes, se convirtieron así en parte de una iniciativa ambiental para la frontera con un monto de 8 mil millones de dólares. La idea fue inflada en las declaraciones de prensa de los promotores del TLCAN, quienes proyectaron fondos adicionales que "elevarían" a la increíble cifra de 20 mil millones de dólares la infusión de capital para la región. Un truco bastante bueno, considerando que el desembolso neto del Tesoro de los E.U. sería de sólo 225 millones de dólares.
Sin embargo, el NADBank y la BECC, son principalmente resultado de un arreglo político, más que de una planeación ambiental de largo alcance, y son por tanto incapaces para enfrentar los retos que plantean la contaminación trasforteriza y el agotamiento de las fuentes de agua. De hecho, el financiamiento del banco se dirigirá a mantener los patrones no sustentables de desarrollo, a menos que se vea acompañado por sólidos esfuerzos de planeación local.
El NADBank y la BECC están lejos de ser el tipo de instituciones multilaterales bien diseñadas, que se requieren para asegurar que la globalización no se produzca a costa de la gente, las comunidades y el medio ambiente. Ninguno de ambos tiene la autoridad para iniciar la armonización hacia arriba de los estándares o para promover la aplicación efectiva de la legislación doméstica. Además, no significan una transferencia de recursos del Norte al Sur, dado que ambas instituciones son financiadas a partes iguales por los E.U. y México.
En cierto sentido, el NADBank representa actualmente una transferencia neta de recursos de México a los E.U., dado que obliga al primero a contribuir a proyectos que, aunque útiles, reflejan más las prioridades del segundo que las propias. En efecto, el consentimiento del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari para cofinanciar el banco, es un testimonio de la habilidad de los E. U. para obtener concesiones de países más débiles.
Trabajando con lo que tenemos
Con todo y sus defectos, el sistema NADBank/BECC es sin embargo una bocanada de aire fresco en una región cuyos residentes han debido crecer acostumbrados a ser ignorados por los políticos o excluídos de los procesos de toma de decisión relacionados con proyectos fronterizos. Deberá ser fácil, por lo tanto, para las ONGs ambientalistas de la frontera sujetar los aspectos positivos del nuevo sistema y concentrarse en fortalecerlos.
Dos de los más importantes de dichos aspectos son el llamado de la BECC a la participación pública y su objetivo de contribuir a un desarrollo sustentable. Ambos temas han generado intensas discusiones, en las que las ONGs han obtenido significativas, aunque parciales, victorias.
Participación pública
Antes de que el TLCAN fuese aprobado por el Congreso de los E.U., funcionarios de la administración Clinton aseguraron repetidamente que la BECC constituiría un "nuevo tipo" de institución, cuyo documento constitutivo reconocía explícitamente "la necesidad de colaborar con los estados y las localidades, con las organizaciones no gubernamentales, y con otros miembros del público".
Los primeros indicios, no obstante, permiten ver que tales declaraciones son casi tan exageradas como las hechas acerca de la capacidad financiera del NADBank. La Comisión adoptó reglas de procedimiento que fueron negociadas en secreto por el Departamento de Estado de los E.U. y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Dichas reglas solo exigen que la Comisión realice cuatro reuniones públicas al año. No hay ahí restricciones para la toma de decisiones en sesiones cerradas, ni la exigencia de que la agenda de las mismas sea publicada, ni de que se lleve un registro de cómo voten individualmente los directores.
En sus primeras dos reuniones, la Comisión confirmó los temores de que el compromiso de promover la participación pública había sido establecido sólo para ser infringido. Es un secreto a voces que la junta directiva toma sus decisiones y sólo entonces son aceptados los comentarios del público.
Esas reglas y su aplicación han sido objeto de severas críticas por parte de ONGs y académicos y representantes demócratas en el Congreso de los E.U. Esta respuesta, y la persistente y sólida actitud en favor de la apertura adoptada por Lynda Taylor, la única integrante de la junta directiva que votó en contra de las reglas de procedimiento de la Comisión, han producido algunos cambios significativos. Las sesiones públicas han empezado a incorporar intercambios entre los miembros de la junta directiva y los asistentes, aumentando dramáticamente el valor de las aportaciones del público. La junta se ha comprometido a tomar en sesiones públicas todas las decisiones relativas a la certificación de proyectos -- y en efecto lo ha hecho en las dos más recientes reuniones, en las que los resultados no han sido totalmente precedibles. Algo más importante es que la junta directiva y el equipo de la BECC, han invertido un tiempo considerable en solicitar e incorporar aportaciones públicas en el desarrollo de criterios para la certificación o descalificación de proyectos. En los últimos tres meses el equipo de la BECC ha estado ocupado además en una consulta amplia acerca de sus procedimientos de notificación pública de proyectos presentados y del acceso público a la información. Es probable que en ambos casos los procedimientos sean más sólidos que los requeridos por el acuerdo binacional.
Desarrollo Sustentable
El término "Desarrollo Sustentable", del que se apropiaron las administraciones Bush y Clinton, así como las oficinas de relaciones públicas de las corporaciones y las organizaciones de industriales, aparece no muy sorpresivamente, como el primer objetivo mencionado en el prefacio del acuerdo que da origen a la BECC y al NADBank. En este contexto, y en otros, las ONGs han luchado por trasladar el término del terreno de la retórica al del diseño e implementación de políticas. En este esfuerzo han recibido, nuevamente, un gran apoyo de Taylor.
Algunos temas centrales en la incorporación del desarrollo sustentable en los criterios de certificación incluyen: qué peso dar a los indicadores socio económicos de la comunidad; cómo promover el desarrollo de capacidades humanas e institucionales para el manejo local a largo plazo de los proyectos; qué tipo de participación comunitaria se requiere en la planeación de los proyectos; y, qué grado de apoyo comunitario es necesario para un proyecto, y cómo medirlo.
Aunque probablemente el tema más importante que ha enfrentado la junta directiva es cómo clasificar los proyectos en algún tipo de escala de "sustentabilidad". Existen dos razones para establecer dicha clasificación: para promover que quienes presenten proyectos consideren temas ambientales y sociales que vayan más allá de lo requerido hasta ahora; y para proporcionar una guía para la adjudicación de los escasos recursos entre los proyectos.
Este tema provocó la más intensa discusión pública en que se haya visto involucrada hasta ahora la junta directiva. En una reunión cerrada, el 30 de agosto, la junta tuvo una votación de tanteo. Bajo el liderazgo del representante de la Agencia de Protección Ambiental de los E.U., el resultado fue de 9 a 1 en favor de criterios que no incluyesen la clasificación de sustentabilidad. A la mañana siguiente, sin embargo, en otra reunión cerrada, el Consejo Consultivo Público de la BECC expresó su apoyo a un sistema de clasificación. El mismo día, en una reunión pública, Taylor forzó una breve pero ilustradora discusión acerca del tema al exponer las razones por las cuales había votado en contra de los criterios propuestos. Después de que los asistentes hicieron fila en el micrófono para apoyar una clasificación de sustentabilidad, los miembros de la junta directiva asumieron un compromiso que consiste en establecer criterios "fundamentales" de desarrollo sustentable como requerimiento de certificación y en garantizar un "reconocimiento especial" a los proyectos que rebacen significativamente ese requerimiento.
Falta aún observar cómo dicho reconocimiento afectará las decisiones para apoyo de proyectos del NADBank, y en qué medida promueve que quienes los presentan incluyan aspectos ambientales o sociales adicionales. De cualquier forma, resulta claro que al lograr que la junta directiva y el equipo de la BECC piensen en términos de sustentabilidad, las ONGs -- y la integrante de la junta Lynda Taylor -- escenificaron un proceso altamente educativo.
Tomados en conjunto, los conceptos de desarrollo sustentable y participación pública representan herramientas cruciales para los activistas que intentan influir en las nuevas instituciones del TLCAN relacionadas con la frontera. Las organizaciones pro comercio justo que trabajan en torno a una amplia gama de temas relacionados con la integración económica deben continuar el esfuerzo por incluir estos términos en los documentos básicos de futuras instituciones multilaterales, como un objetivo central de sus campañas. Deben además asegurarse de dar la misma prioridad al seguimiento y presión sobre estas instituciones, una vez que las negociaciones sean concluidas y se proceda a la implementación de los acuerdos.
CHILE============================
Encuentro Sindical: Los trabajadores frente al NAFTA
por Red Chile de Acción para una Iniciativa de los Pueblos
El 1 y 2 de diciembre pasado, después de dos meses de preparación, se realizó en Santiago en el Sindicato de Goodyear (el mismo que levantó la primera huelga realizada en dictadura) un Encuentro Sindical frente al NAFTA y los otros acuerdos comerciales.
En este encuentro se reunieron más de 50 dirigentes sindicales a nivel nacional, provenientes de diferentes sectores laborales, quienes se abocaron al impacto de la aplicación de las políticas económicas aplicadas en los últimos 20 años en los trabajadores y sus organizaciones. También se analizaron y verificaron los impactos de estas políticas en la sobre utilización del trabajador, el abuso de la subcontratación, la flexibilización de la fuerza de trabajo y el daño que esto ha significado para los trabajadores, su núcleo familiar y la sociedad toda. Asimismo, se discutieron profundamente los desafíos que hoy enfrentan los trabajadores organizados -- especialmente aquellos relacionados al sindicalismo.
Los objetivos del encuentro fueron:
1) debatir y acordar un Proyecto de Carta de Derechos Laborales que pueda constituir un aporte específico sobre el tema como una parte de la Carta de Derechos Ciudadanos a levantarse próximamente por grupos civiles chilenos;
2) avanzar en la constitución de una comisión unitaria sindical por una iniciativa de los pueblos (en contraste a la Iniciativa de las Américas), como instancia de articulación y acción común de los trabajadores frente al proceso de internalización de la economía chilena;
3) avanzar en la confección de un programa de acción y acumulación mayor de fuerzas en el ámbito de los trabajadores, para levantar la Carta de Derechos Ciudadanos e incidir en los procesos de negociación en curso con una perspectiva y posición unitaria definida.
Diagnóstico
Después de dos días de trabajo, se constató que:
1) los trabajadores sufren los impactos de 20 años de economía abierta al mercado y las transnacionales;
2) la sociedad está enfrentada a un proyecto empresarial que nada tiene que ver con los intereses de los trabajadores, del pequeño empresario ni de las grandes mayorías nacionales;
3) el pueblo chileno está enfrentado a una apertura comercial que solamente busca dar cabida a la libre circulación de mercaderías y de capital, sin contemplar para nada las necesidades de los trabajadores ni de la ciudadanía en general;
4) la incorporación de Chile a los distintos acuerdos comerciales, llámese NAFTA, MERCOSUR, APEC, acuerdos bilaterales y acuerdos de complementación económica sólo busca agravar la precariedad de la situación de los trabajadores, favoreciendo sólo a los grandes inversionistas internacionales, a los grandes grupos económicos y al gran empresario nacional; y
5) producto de los puntos señalados anteriormente, la organización de los trabajadores se encuentra debilitada, fragmentada, atomizada y disminuida al máximo, llegando al número de trabajadores sindicalizados a cifras casi ridículas y el número de sindicatos en receso a niveles históricos.
Los trabajadores dicen no al NAFTA
Posteriormente, hubo discusiones sobre el carácter sectorial de los impactos del modelo económico y posibles repercusiones de una eventual incorporación de Chile al NAFTA y otros acuerdos comerciales. En un Manifiesto de los Trabajadores, los participantes declararon que, "los brutales impactos económicos, sociales, políticos, ecológicos y culturales de ese proceso aún perduran. El pueblo chileno vivió, así, las etapas anteriores del proceso de internacionalización como un terremoto en sus condiciones de vida, imposible de prever y de eludir. La amenaza de una profundización e institucionalización de este modelo económico...se cierne hoy sobre nosotros, a cinco años de haber recuperado la democracia política. Esto es lo que en concreto significa la posible incorporación de Chile al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido por sus siglas en inglés como NAFTA."
"Concluimos," declararon, "que este modelo y este proceso han venido provocando una desintegración social cuyas consecuencias más profundas no han sido ni están siendo revertidas por quienes gobiernan: el empleo precario e inseguro que mantiene en la zozobra, cuando no en la miseria y en la pobreza, a amplios sectores de la población; la desprotección de la legislación laboral, que permite la más amplia flexibilidad de manejo de los costos salariales, al tiempo que garantiza un sindicalismo débil y sin capacidad real de negociación y presión; la deshumanización y pérdida de toda autoestima y sentido de vida social a que son empujados los trabajadores."
"Resulta evidente," continuaron, "que, sin reforzar y promover un marco de derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía, la suscripción de cualquier Tratado de Libre Comercio, lejos de ser una herramienta de desarrollo, puede derivar en una agudización de la desintegración social que ya divide al país en dos realidades humanas polares...La ciudadanía en su conjunto y los trabajadores en particular debemos levantar una Carta de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, una Carta de Derechos Ciudadanos, que se constituya en marco de nuestro desarrollo económico y social y que sea condición de cualquier iniciativa de integración económica internacional que el país suscriba."
Asimismo, los participantes consideraron los desafíos y las propuestas de los trabajadores frente a los acuerdos comerciales, el código laboral de la época de Pinochet, y las formas en que se manifiesta la insensibilidad empresarial. En cada caso, indicaron que estos desafíos tienen que ser enfrentados por propuestas de los trabajadores y sus organizaciones. Los participantes produjeron una agenda detallada para reformas al código laboral, incluyendo propuestas sobre los derechos de los trabajadores a: sindicalización; negociación colectiva; seguridad laboral; seguridad previsional; capacitación; y fiscalización de la justicia laboral.
Al encuentro llegaron fraternales saludos de la organización sindical E.U. "Unión de Trabajadores de la Electricidad, la Radio y Maquinaria", del Parlamentario Jaime Naranjo y del Presidente del Colegio de Profesores de Chile, Jorge Pavez. Además, estuvieron presentes integrantes del Fondo Humanitario de los Trabajadores Metalúrgicos de Canadá y de Fronteras Comunes de México.
Para recibir una copia de la memoria completa, sírvase contactar a Coral Pey de RECHIP en telefax (56-2) 341-6597 o por correo electrónico en rechip@reuna.cl
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